El suceso registrado el pasado fin de semana en una discoteca murciana con el trágico resultado de 13 víctimas y una persona desaparecida, además de los heridos leves por inhalación de humos, es, por su vinculación con otros sucesos similares ocurridos no hace tanto tiempo y también con trágicas consecuencias -81 fallecidos en la madrileña Alcalá 20 en 1983 y 43 víctimas en Flying de Zaragoza en 1990- , la más palmaria demostración del grado de irresponsabilidad política y de la más sumisa y borreguil sumisión de una sociedad adocenada por esa serie de continuadas renuncias que, un día sí y al otro también, constituyen –vistas en su conjunto- un torpedo de dramáticas consecuencias a la línea de flotación de los derechos ciudadanos y un inasumible escarnio de sumisión frente a una Administración que olvida el primero de sus principios, el de in vigilando, el de garantizar que se cumplan sus propias resoluciones.
Un continuado deterioro cívico y social al que contribuyen -¿acaso para ganarse la pesebrada de cada día?- los medios de comunicación anclados entre lo políticamente correcto y un buscado amarillismo
preocupado sólo por su cuenta de resultados –cuanta más aborregado esté el paisanaje, más manipulación y seguidores fieles- y olvidando que su primera y existencial razón de ser estriba en situarse frente al poder y al lado de la ciudadanía. Las primeras crónicas facilitadas por los medios de comunicación televisivos, radiofónicos y periodísticos se movieron entre el dramático alcance de la noticia y el incomprensible amarillismo de multiplicar hasta la saciedad la reproducción del ultimo whatsApp de una de las víctimas a sus padres. Un escalofriante testimonio que únicamente puede encontrar cabida en un medio de comunicación si se le contrapone, a la par, a los responsables de tamaña barbarie, a la pública exigencia de las máximas responsabilidades penales para quienes, desde la política a la inspección y a la propiedad del establecimiento, han permitido tamaña desgracia. De no ser así, como señalamos, puro amarillismo.
Meras ansias de dramatización interesada por las lentejas del más vil oportunismo. (Confiesa este cronista, amigo lector, que consciente y voluntariamente silenció la radio cada vez que el locutor de turno anunciaba la emisión del citado mensaje. Demasiado desgarro emocional si no va acompañado de la inexcusable exigencia de responsabilidades).
Pero más allá de un más que deficiente tratamiento informativo -tuvieron que pasar más de 24 horas para enterarnos que el recinto tenía orden de cierre y carecía, en consecuencia, de la necesaria licencia- lo más enervante del caso, la más clara muestra de tomadura de pelo para con las víctimas y familiares del incendio de la discoteca es que la propia Administración responsable, el Ayuntamiento murciano, convoque tres días de luto y proclame su decisión de personarse como acusación en el caso sin que dichas poses, tan pretendidamente solidarias, lleven parejas la dimisión inmediata del técnico responsable de inspeccionar las decisiones municipales, del concejal responsable de Urbanismo y del propio alcalde. Seguramente serán los tribunales los que acaben poniendo a cada uno en su sitio. Pero, vistos los precedentes de Alcalá 20, ni siquiera está garantizado que la Justicia cumpla con su doble deber de compensación económica y moral por el daño causado y el lógico castigo que debe llevar
pareja la conculcación de la ley. Al tiempo.
De modo que, ya saben. Súmense en todo pueblo y ciudad, comunidad autónoma o Gobierno central al políticamente correcto acto de un minuto de silencio que ni es solidario ni garantiza que antes que tarde volvamos a tener que repetir la vergonzante idéntica muestra de inútil solidaridad. Porque, ¿puede alguien garantizar que el suceso no se repita mañana mismo en geografías más próximas y personas más cercanas?
