Hace unos años, cuando un ciudadano tenía que resolver un problema con las administraciones se acercaba a la Xunta, al concello, a Tráfico, a Hacienda o a la Seguridad Social, le daban un número y al llegar su turno el funcionario resolvía sus dudas y tramitaba el expediente. Tras la pandemia, impusieron la cita previa en todas las sedes administrativas, que es imposible conseguir ni por teléfono, ni a través de la red, según constatan miles de personas.
El paradigma de mal funcionamiento son las oficinas de la Seguridad Social. Antes, cualquier “administrado” podía ir a esas dependencias para preguntar por su pensión, comunicar un cambio de domicilio o de cuenta bancaria, pedir los impresos para dar de alta al empleado/a en el hogar o resolver otros problemas.
En mi experiencia cuando tuve que acudir a este organismo para resolver asuntos administrativos, te preguntaban a la entrada cuál era el motivo de la “visita”, te daban un número para la ventanilla correspondiente y cuando ese número aparecía en pantalla el funcionario te atendía y resolvía todas tus dudas. He de decir que siempre encontré allí amabilidad y profesionales excelentes.
Ahora, la Seguridad Social es un desastre. Ni siquiera se puede entrar para pedir cita -lo impide un fornido guardia de seguridad-, que tampoco se consigue en los teléfonos que indican en los que nadie contesta, ni a través de Internet por caídas o saturación de la red.
Yo no sé si el ministro Escrivá conseguirá resolver el problema de las pensiones como pide Europa, pero lo que sí ha conseguido es convertir a estas oficinas en un auténtico caos que equivale a un calvario para el ciudadano. Como político, anda en otros asuntos en lugar de ocuparse de que las oficinas que dependen de él funcionen como hacían en los años anteriores a la pandemia cuando la gente entraba allí con la confianza de ser bien atendida.
Según la misma Seguridad Social, solo en noviembre de 2022, de 383.215 llamadas quedaron sin atender 332.443, el 86% . Por eso, las quejas aumentan en la misma proporción y muchos ciudadanos, cansados de tanta negligencia, pagan a gestorías o abogados para tramitar asuntos que la Administración tiene obligación de solucionar.
Este modelo de ineficiencia tampoco es exclusivo de la Seguridad Social, casi todo lo dicho se puede aplicar a otras administraciones -y a muchas empresas privadas- para las que el ciudadano es un número que hay que “torear”, como expresa el humorista Malagón en una viñeta en la que desde una central telefónica el operador contesta: “Atención al cliente, ¿En qué le puedo marear?”.
Nunca hubo en la administración pública tantos funcionarios y nunca estuvo el ciudadano tan mal atendido.
