Muchos ciudadanos que defienden la Memoria Democrática también reivindican la “memoria de la corrupción” para conocer los casos que se produjeron en España, tanto los más mediáticos -Filesa, Naseiro, el 3% de los Pujol, De Andrés del PNV, Malaya, Gürtel…- , como los considerados menores.
Hasta ahora, el paradigma de la corrupción política era el caso Gürtel que acaparó decenas de portadas de periódicos y abrió informativos que daban cuenta de cómo dirigentes del PP cobraban comisiones, una forma de apropiación delictiva de fondos públicos. La Gürtel fue aprovechada por el PSOE para acorralar a ese partido y una frase del juez De Prada en la sentencia de una pieza de la trama que consideraba al PP como “partícipe a título lucrativo” fue el detonante de la moción de censura de 2018.
Pero ahora el Tribunal Supremo ratifica la sentencia del Tribunal Superior de Andalucía y confirma que la mayor corrupción en la historia de la democracia es el caso de los ERE de esta comunidad que está cuantificado en más de 680 millones de euros. Es el mayor saqueo de fondos públicos -y quedan 139 piezas pendientes de juicio de esta extensa red de delincuencia institucional-, en un sistema clientelar de desvío de dinero destinado a salvar empresas en crisis y trabajadores en paro, del que se enriquecieron
muchos desalmados en el episodio más vergonzoso y triste de la gestión política de Andalucía y de la España democrática Toda corrupción es grave y repugnante. Pero si se practica desde un gobierno, como en este caso, entraña mayor gravedad y repugnancia por el perfil de los 18 condenados: dos ex presidentes de la Junta y del PSOE, varios consejeros y altos cargos. Por cierto, la ministra de Hacienda y número tres del PSOE estaba en el gobierno de Chaves cuando se tomaron decisiones de este caso en el Consejo de la Junta, que son colegiadas y responsabilidad de todos los miembros.
Es grotesco que los defensores de Chaves y Griñán digan que no se enriquecieron. Es verdad, pero están condenados por permitir que otros se llevaran el dinero y mantener la red clientelar que sirvió para que ellos siguieran años en el poder.
Sentenciado el caso, los condenados deberían, cuando menos, pedir perdón ya que pensar que devuelvan lo malversado es pura utopía, y el presidente Sánchez y su partido quedan inhabilitados para impartir lecciones de ética. Lo bueno de todo esto es que la Andalucía de hoy nada tiene que ver con aquella.
Vuelvo al principio. A ver si algún universitario -profesor o alumno- investiga y escribe la “historia de la corrupción”. De este y demás casos para saber quiénes esquilmaron a España y a cuánto asciende la cuenta. Quedaríamos asombrados.
