Si algo retrata a las personas es esencialmente lo que hacen o dejan de hacer, lo que piensan y cuentan (incluso lo que no cuentan) y desde luego, lo que defienden en público. Todo ello acaba dibujando y comunicando la manera que se entiende la política, el servicio público y hasta la propia vida.
Después del terrible accidente ferroviario de Urda, en Toledo, con 69 muertos y más de 100 heridos, Óscar Puente, el ministro de Transportes, habló del “calvario” que le esperaba, de los insultos, las descalificaciones y los prejuicios de culpabilidad que tendría que soportar. Todo ello, para mayor desgracia personal, en plena campaña electoral. ¡Cuesta creerlo! Decenas de familias intentando identificar a sus muertos, personas ingresadas, sueños y planes de futuro frustrados, heridos que tendrán que afrontar operaciones y secuelas de por vida, y el ministro preocupado por el calvario que le espera a él. Hay que tener cuajo y desde luego una particular falta de sensibilidad para elegir semejante argumento en semejante momento.
Señor Puente, el calvario no es el suyo. Comparar el dolor de las víctimas con las críticas políticas, los reproches parlamentarios o la incomodidad de afrontar una campaña electoral no es solamente una torpeza. Es una frivolización del sufrimiento ajeno y una demostración de hasta qué punto algunos dirigentes han terminado por confundir sus problemas personales con los problemas del país.
Parece que dar la cara se ha convertido en una heroicidad. No lo es, señor ministro. Es una obligación. Comparecer, responder preguntas, explicar lo sucedido y colaborar con las investigaciones no son gestos de generosidad política. Son las obligaciones elementales de quien ocupa un cargo público y cobra por ejercerlo.
Quienes sirven a los ciudadanos tienen también la obligación de ofrecer un ejemplo. La ejemplaridad pública no consiste en pronunciar discursos sobre la transparencia, ni en exhibir una supuesta fortaleza personal cuando llegan las dificultades. Consiste en entender que el cargo está por encima de quien lo ocupa y que la confianza de los ciudadanos no es una propiedad privada que pueda administrarse a conveniencia.
Los responsables políticos deben asumir las responsabilidades que corresponden a su cargo. No hablamos de condenas penales ni de anticipar las conclusiones de una investigación. Hablamos de responsabilidad política. Esa que permite a una institución recuperar la confianza cuando las circunstancias la han puesto en cuestión. La responsabilidad política no necesita una sentencia judicial para existir, aunque tampoco puede confundirse con una condena anticipada. Dimitir no devolverá la vida a los fallecidos, ni curará a los heridos, pero es una forma de reconocer que la gravedad de lo ocurrido exige algo más que explicaciones y promesas.
La obligación del ministro es asumir las consecuencias políticas que correspondan. La del presidente del Gobierno, que lo nombró y lo mantiene, es garantizar que se esclarezca lo sucedido y que se adopten las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir.
Hay una diferencia entre ocupar un puesto de responsabilidad y estar a la altura de él. Óscar Puente parece empeñado en demostrarnos que conoce muy bien la primera parte. De la segunda seguimos esperando noticias.
