Hablar de intervención en Venezuela incomoda, y debe hacerlo. La historia latinoamericana nos ofrece ejemplos de injerencias que, bajo el pretexto de la libertad, terminaron negándola. Pero precisamente por eso el debate no puede abordarse desde consignas fáciles ni argumentos de manual. La pregunta no es si la intervención era deseable, sino si la inacción, a estas alturas, es moralmente sostenible.
El régimen de Nicolás Maduro hace tiempo que dejó de ser un gobierno para convertirse en una estructura criminal enquistada en el Estado. No es una afirmación retórica. Informes de la ONU concluyen que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad -incluidos asesinatos, detenciones arbitrarias y torturas- como parte de una política sistemática de represión. A ello se suma una catástrofe humana de dimensiones históricas. Según datos de ACNUR, más de ocho millones de venezolanos han abandonado su país, convirtiendo este éxodo en uno de los mayores del mundo contemporáneo.
Cuando un régimen se sostiene únicamente por la violencia, la neutralidad deja de ser una posición ética. Por ello, frente a este escenario, la apelación a la “no intervención” como principio absoluto resulta cada vez más vacía. Durante más de una década se han intentado procesos de diálogo sistemáticamente saboteados; sanciones selectivas que el régimen burló por medio de redes ilícitas; y fraudes electorales reiterados que han vaciado de contenido el voto. Defender hoy la pasividad equivale, en la práctica, a aceptar la perpetuación del abuso.
Ahora bien, apoyar la intervención no implica un cheque en blanco. Su legitimidad, política, jurídica y moral, depende exclusivamente de su objetivo final que ha de ser devolver a los venezolanos el control sobre su propio destino. No sustituir una tutela por otra, no imponer un proyecto externo, sino crear las condiciones mínimas de seguridad y libertad para que puedan celebrarse elecciones libres y transparentes con supervisión internacional creíble.
En este proceso, el papel de la oposición democrática es central y debe ser reivindicado sin ambigüedades. María Corina Machado ha demostrado una capacidad extraordinaria para articular un liderazgo cívico frente a la persecución y el exilio. Y Edmundo González, legítimo ganador de las últimas elecciones, que encarna la evidencia de que el cambio político no es una imposición extranjera, sino la voluntad mayoritaria expresada en las urnas y negada por la fuerza. Sin ellos, sin la sociedad civil organizada que los respalda, cualquier intervención estaría condenada al fracaso. Y por supuesto, no tendría sentido la continuidad del régimen bolivariano con otros actores.
El verdadero criterio para juzgar la acción internacional no puede ser su intensidad, sino su duración y desenlace. Cuanto más breve y más claramente orientada a devolver el poder a las instituciones democráticas venezolanas, mayor será su justificación.
Intervenir en Venezuela no puede ser el fin, sino el medio para un objetivo irrenunciable, que no es otro que, como se defendía con acierto una editorial de Vozpópuli: “devolverle al pueblo venezolano lo que el régimen de Maduro le robó: su voz, su voto y su futuro”. Todo lo demás, incluida la soberanía, solo tiene sentido si vuelve a estar en manos de quienes nunca debieron perderla.
