El Parlamento europeo envió al Tribunal de Justicia el acuerdo entre la UE y Mercosur, presentado como un hito histórico que creaba el área de libre comercio mayor del mundo, una respuesta al proteccionismo de EE.UU. y una oportunidad para reforzar la posición global de Europa en un contexto internacional cada día más incierto.
Son objetivos grandes y encomiables, pero el acuerdo deja un poso de inquietud, especialmente en el campo europeo, donde muchos agricultores y ganaderos sienten que vuelven a ser la moneda de cambio de una estrategia que se decide lejos de sus realidades cotidianas.
La polémica no gira en torno al comercio en sí sino a las condiciones en las que secompite. Los productores europeos están sujetos a una legislación laboral, sanitaria y medioambiental muy exigente que responde a decisiones políticas y sociales que Europa ha tomado de forma consciente para proteger al consumidor, al trabajador, al medio ambiente y al bienestar animal. Pero esas mismas normas tienen coste directo sobre la producción y reducen los márgenes ya de por sí estrechos.
El problema surge cuando, en virtud del acuerdo, los productores europeos deben competir con productos agrícolas y ganaderos procedentes de países donde la legislación laboral y sanitaria es más laxa y los costes de producción son sensiblemente menores. Es como si dos equipos disputaran un partido de fútbol y uno de ellos pudiera saltarse varias normas del reglamento que el otro está obligado a cumplir.
Desde Bruselas se insiste en que el acuerdo incorpora garantías sanitarias y que se extremará la vigilancia sobre los productos importados. Pero asegurar que los alimentos cumplen ciertos estándares no corrige el desequilibrio estructural derivado de producir bajo marcos normativos tan distintos. El diferencial de costes laborales, sociales y ambientales permanece intacto y se traduce en una competencia desigual.
Para territorios como Galicia, donde el sector primario sigue teniendo un peso económico, social y cultural importante, el acuerdo afectará a explotaciones familiares con limitada capacidad para absorber nuevas presiones sobre los precios. La sensación de agravio no nace del rechazo al comercio internacional, sino de la percepción de que se exige a agricultores y ganaderos ser ejemplares sin ofrecerles una protección equivalente.
El acuerdo UE–Mercosur seguro que tiene sentido desde una perspectiva geopolítica, industrial y comercial, pero su legitimidad social dependerá de cómo se gestionen sus efectos. Sin cláusulas efectivas, mecanismos de suspensión reales y compensaciones claras para los sectores expuestos se debilita el modelo agrícola europeo mientras se proclama su excelencia. El libre comercio solo es justo cuando se juega con reglas comparables o cuando se compensa de forma honesta a quienes compiten en desventaja.
