Fue un encuentro tan cordial, como corresponde a dos políticos veteranos que sabenncomportarse, como “cordiales” fueron sus discrepancias sobre los asuntos del orden del día porque ambos partían de posturas políticamente predeterminadas. Un periódico titulaba “Rueda y Besteiro discrepan sobre el litoral, los fondos europeos y las
infraestructuras”. Es decir, discreparon en todo lo que en este momento concierne y preocupa a Galicia.
Se queja Rueda de que los Fondos Next Generation no llegan a Galicia con criterios de objetividad en el reparto y que hay proyectos que, siendo viables, han quedado fuera. En
el caso de Altri, un proyecto vital para Palas de Rei y el centro de Galicia, los promotores de esta industria se están cansando de la indolencia de España.
En infraestructuras, los trenes Avril están en el limbo, la autovía Lugo Santiago estará acabada ” ad calendas graecas”, igual que la reparación de los viaductos de la A-6.
Naturalmente, el delegado del Gobierno mira estos atrasos con el color del cristal del Gobierno central y sostiene que todo va en tiempo y forma.
Pero lo más fuerte de la reunión fue la discrepancia en torno a la Ley del Litoral sobre el que Galicia tiene las competencias que le otorga el Estatuto. Sorprende que el secretario de los socialistas gallegos diera su bendición a esta Ley y que el Delegado del Gobierno salga por peteneras con una supuesta inseguridad jurídica y hable de la necesidad de reformar el Estatuto.
¿De verdad cree el señor Besteiro que la Ley de la Xunta, avalada por el Consello Consultivo, adolece de inseguridad jurídica y que es necesario reformar el Estatuto para tener competencias sobre el litoral? ¿Piensa, como el secretario de Estado de medioambiente, que la Ley del Litoral es “casi una declaración de independencia”?
¿Mantendrá estas premisas el ahora Delegado cuando sea candidato a la presidencia de la Xunta?
El sentido común -y el Estatuto- dice que el Gobierno gallego puede legislar para ordenar y gestionar su litoral, para salvar lo salvable y proteger la costa gallega haciendo compatible su función residencial en los numerosos pueblos con la actividad económica del sector mar-industria de tanta importancia en la economía gallega.
Por eso, llévese la Ley al Parlamento, enriquézcanla con las propuestas de la oposición para mantener entre todos la belleza de la costa y la gestión de la actividad económica que es el medio de subsistencia de la gente que habita los pueblos costeros desde Ribadeo a la desembocadura del Miño.
En esto, Galicia debe ser beligerante, sin ceder un milímetro de sus competencias en línea con aquel eslogan de la desaparecida Coalición Gallega: “fagámonos respetar”. Pues eso.
