Lleva varios días sin dormir. Tiene dificultades de concentración y le han vuelto a visitar los brotes de ansiedad. Tiene que enfrentarse a una fecha límite, en el calendario, para abandonar su vivienda habitual, por orden judicial. Es madre de familia, con dos hijos, y la depresión ya forma parte de su día a día. Su vida se desmorona y su salud está en riesgo. Este es un ejemplo más de los centenares que se dan en muchos pueblos y ciudades de nuestro país, en los últimos años.
Por eso es importante resaltar el interesante trabajo de la “Fundación Alternativas”, sobre un análisis objetivo de la realidad. Se preguntan, en el mismo, si ha afectado la crisis económica a la salud de los españoles. La respuesta es evidente, pues aunque la esperanza de vida cada vez es mayor, no obstante, hay desigualdades en salud, por edad, educación o clase social.
Se podría decir que la pobreza y la mala salud son fenómenos interrelacionados.
En nuestro país, los gobernantes, no han estado a la altura de la realidad social. No supieron o no quisieron encaminar los esfuerzos para proteger a las familias más humildes en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social. Faltó valentía política para luchar contra los suicidios, contra los desahucios o desalojos forzosos, contra las enfermedades de la pobreza, contra los recortes en educación, en sanidad, en servicios sociales y en políticas sociales, en general, y en toda una serie de actuaciones básicas y necesarias que han preferido obviar, aunque millones de personas no dispongan de una mínima calidad de vida.
Nuestros gobernantes han propiciado una España de varias velocidades, donde las clases más humildes han crecido a costa del enriquecimiento y los privilegios de unos pocos afortunados. En la mayor parte de las ocasiones han reaccionado, casi siempre tarde, por las recomendaciones y directrices de la Comisión Europea o las sentencias del TJUE que les obligaban a ponerse las pilas y a defender los derechos básicos de sus ciudadanos más indefensos.
