La Mesa del Congreso ha aprobado la solicitud presentada por Unidas Podemos,
ERC y EH Bildu para crear una Comisión de Investigación parlamentaria sobre los
abusos sexuales a menores por parte de la Iglesia Católica.
Seguramente pocos delitos son más abyectos y conmuevan más que los de carácter
sexual por la identidad y condición de sus víctimas. Son una vileza que debe ser
perseguidao sin descanso hasta el enjuiciamiento de sus autores. Según un informe
de obligada lectura de la Fundación Anar, entidad que atiende a menores en
situación vulnerable, los abusos se cometen sobre todo en el ámbito familiar y en el
entorno más próximo a las víctimas (8 de cada 10 casos), mientras que los abusos
perpetrados por religiosos constituyen solo el 0.2 % del total.
Tristemente en España las causas más nobles terminan siendo la carnaza
ideológica de una izquierda que sólo busca crear comisiones para encauzar su
sectarismo. No parece que a sus señorías les interese el problema en su auténtica
dimensión, no es la pederastia lo que les inquieta sino el señalamiento de una
institución. Además, recurren a la trampa de siempre: o se apoya la comisión o se
está a favor de la pederastia. El sesgo de esta investigación, viciada desde su origen
(según los datos), centra su ira en la Iglesia y silencia la gran mayoría de casos de
pederastia, olvidando a sus víctimas. Es una muestra más de la degradación del
Parlamento en esta legislatura, dedicado a la propaganda y con una inquietante
querencia a erigirse en una suerte de tribunal político ideológico.
Cabe recordar que no puede perseguirse a las instituciones por los excesos de sus
miembros, ya que como nos recuerda la Constitución y el Código Penal, los delitos
son siempre individuales. Juzgar a los responsables, sobre los que debe caer todo el
peso de la ley, es una obligación legal y moral indubitada, como ha defendido
siempre el propio Papa Francisco. Además, en la actualidad, pocas entidades como
la Iglesia, han manifestado un mayor deseo de levantar las alfombras y tirar de la
manta, como demuestra la comisión creada por la Conferencia Episcopal hace tres
años, para erradicar de su seno a sus miembros indignos, reparar a las víctimas y
colaborar con la Justicia.
Peso a todo, nada es suficiente para los que al calor de un problema insoportable
que enerva a toda la sociedad, formulan una causa general contra la Iglesia, en la
misma línea ideológica que busca la exclusión de la Religión del programa lectivo o
la discusión sobre los bienes inmatriculados, un problema administrativo que afecta
a escasos inmuebles.
Estamos ante una campaña guionizada, una nueva maniobra de distracción que
busca criminalizar a la Iglesia y caricaturizarla como un nido de pederastas. Mientras
tanto, los que han puesto en marcha esta iniciativa, se ponen de perfil en los casos
de abusos a menores tutelados por organismos públicos en Baleares o en la
Comunidad Valenciana.
