El poder de decisión municipal tiene unos límites legales más amplios o más estrictos según la materia de que se trate y además han de adoptarse por los órganos locales competentes y siguiendo un procedimiento en la forma establecida por la Ley. Así, en la mayoría de los casos por no decir en todos, se requiere el informe previo del secretario y el interventor antes de que el alcalde o la corporación decidan sobre algunos trámites.
Los secretarios municipales se convierten así en los brazos administrativos de la clase política local y tienen que seguir un código ético democrático siendo la garantía del control de la legalidad de todos los actos y acuerdos que se adopten por los distintos órganos municipales. Por eso no es extraño que las relaciones entre los secretarios y las corporaciones locales no siempre sean fáciles y generen fuertes tensiones.
Algunos secretarios municipales presentan la dimisión por enfrentamientos con los equipos de gobierno y esto es algo más habitual de lo que creemos toda vez que la función del control de la legalidad y fiscalización choca frontal y directamente con algunos alcaldes que ven con recelo a quien cuestiona la legalidad de sus actos.
Muchos alcaldes prefieren acelerar los trámites, para evitar la excesiva lentitud burocrática, aumentando la eficacia en la tramitación de los procedimientos para ejecutar las obras que repercuten en la mejora de la calidad de vida de los vecinos, a pesar de ser conscientes de que la violación de las leyes puede dar lugar a que los tribunales de justicia anulen las decisiones municipales y dictaminen las correspondientes responsabilidades.
