“Estamos siendo testigos de informaciones que nos perturban”, decía en julio de 2020 el presidente del Gobierno sobre las noticias que afectaban al Rey Juan Carlos.
Aquellas noticias eran tan inquietantes que hasta eclipsaban los servicios que había prestado a la recuperación y fortalecimiento de la democracia y la imagen exterior de España. Sin duda, el rey se equivocó. Su mayor error, dice el historiador Juan Francisco
Fuentes, fue considerar que sus muchas virtudes como servidor público harían olvidar sus vicios privados.
Pero la Fiscalía del Tribunal Supremo acaba de archivar todas las investigaciones porque, aunque fuentes fiscales dicen que hubo comportamientos irregulares, no son perseguibles por su inviolabilidad, por la prescripción y por las regularizaciones tributarias.
Hay que recordar que el Rey emérito nunca estuvo imputado y, sin embargo, sufrió penas de telediario y ataques por parte de miembros del Gobierno y de muchos políticos que le condenaron, unos para tapar sus miserias y “mordidas” corruptas; otros para desviar la atención de su mala gestión pública; y unos terceros para arremeter contra la Monarquía, el modelo de Estado que votamos los españoles. Entre todos le obligaron a marchar de su país.
Ahora, tras el archivo de las diligencias (“la investigación sobre el ex monarca fue muy rigurosa”, dijo la Fiscala Delgado) el Presidente Sánchez le reclama que de explicaciones a los españoles “por las informaciones que hemos ido conociendo”.
Es una petición razonable y conveniente porque son muchos los españoles que quieren saber cómo llegó a esa situación. Pero, en línea de coherencia, los mismos españoles también quieren que el presidente pida explicaciones a los políticos y sindicalistas andaluces por los Ere y los cursos de formación, desfalco económico mayor que el de la trama Gürtel; a los golpistas catalanes; a los filo terroristas de Bildu por los crímenes de ETA sin resolver y por los “ongi etorri”; a Baleares y Valencia por los abusos sexuales a menores de centros de acogida…
Asimismo, los españoles quieren que el presidente explique sus pactos de gobierno con los que “le quitaban el sueño” y con los que rechazan el orden constitucional; los indultos a los políticos catalanes; algunos viajes en el Falcon declarados “secreto oficial”; el plagio de su tesis, que le dio un título fraudulento…
En fin, conducta poco ejemplar del rey Juan Carlos, pero su contribución a restablecer y consolidar la democracia pesa más que sus devaneos. Que el presidente del Gobierno le someta periódicamente a un “tercer grado” es un castigo que no se aplica a sí mismo, a los políticos que le apoyan, ni a muchos corruptos que deja ir de rositas.
