Maricarmen tiene 87 años y vive en la misma casa desde 1956, cuando su padre firmó un contrato de alquiler. Ha pasado allí casi toda su vida. Con el paso del tiempo y las correspondientes subrogaciones familiares, terminó por convertirse en la última inquilina de una vivienda que atesora buena parte de sus recuerdos y que constituye su hogar.
Por eso es fácil entender que su historia conmueva. Detrás de un desahucio hay siempre una persona y, cuando esta tiene 87 años y lleva toda una vida vinculada al mismo lugar, resulta difícil contemplar la situación con indiferencia.
Pero una cosa es que Maricarmen nos produzca tristeza y otra que su caso termine convertido en argumento para una batalla política en la que alguien tenga que ocupar necesariamente el papel de culpable. Y es ahí donde el debate empieza a confundirse y apasionarse peligrosamente.
Podemos discutir la legislación que durante décadas reguló los alquileres de renta antigua. Podemos preguntarnos si las administraciones hicieron todo lo posible ayudar a una persona que llega a los 87 años en esas circunstancias. Todo eso parece razonable.
Lo que ya es más discutible es que la solución tenga que descansar sobre el propietario de la vivienda.
Detrás de este caso hay también un debate que a veces es políticamente incorrecto. Una vivienda tiene un propietario. Y que alguien sea propietario no significa que haya asumido para siempre la responsabilidad de resolver cualquier situación de vulnerabilidad que pueda producirse dentro de su vivienda. Puede haber razones humanitarias para buscar una salida, pero ninguna de ellas debería convertir el derecho del propietario en algo provisional
La propiedad privada no es una concesión graciosa del Estado que pueda suspenderse cada vez que aparece una historia capaz de conmover a la opinión pública. Nuestra Constitución reconoce ese derecho, que no es una extravagancia liberal ni una obsesión de propietarios. Forma parte de las reglas sobre las que hemos organizado nuestra convivencia.
Esto no significa, ni mucho menos, que una persona vulnerable deba quedar abandonada a su suerte. Si alguien necesita protección, debe recibirla. Para eso existen los servicios sociales, las administraciones públicas y los recursos que todos contribuimos a financiar mediante nuestros impuestos.
Pero precisamente por eso tampoco parece razonable convertir al propietario particular en una especie de asistente social obligatorio al que se le encomienda resolver problemas que corresponden a los poderes públicos.
Me preocupa que el debate que se ha creado termine enfrentando a propietarios e inquilinos, con los primeros siempre bajo sospecha y los segundos convertidos en víctimas. Cuando la realidad demuestra que hay
propietarios abusivos, como hay inquilinos que incumplen sus obligaciones, pero también hay pequeños propietarios que han invertido sus ahorros en una vivienda y que no pueden convertirse en los pagadores silenciosos de todo aquello que el Estado no ha sabido resolver.
Maricarmen merece una respuesta solidaria, no pancartas. Merece que las administraciones busquen una solución para su situación, pero sin enfrentar su derecho a vivir dignamente con el derecho de otra persona a disponer de aquello que legítimamente le pertenece.
Una sociedad responsable debería ser capaz de proteger a quien lo necesita sin obligar a otros a pagar la factura.
