“AP-9: del consenso a la confrontación”. José Castro López

Pocas reivindicaciones lograron en Galicia un consenso tan amplio como la
transferencia de la AP-9. El Parlamento aprobó por unanimidad una resolución que
recogía el sentir del Gobierno y oposición, de los empresarios y sindicatos y de la
sociedad gallega. Todos coincidían en que esta infraestructura, que vertebra la
comunidad, debía ser gestionada desde Galicia.
Pero ese consenso se rompió el jueves pasado cuando el Congreso aprobó la ley de
transferencia con el texto pactado por PSOE, Sumar y BNG, sin incorporar las
modificaciones introducidas por el Senado a propuesta del Partido Popular. La ley sale
adelante, pero ya no con el respaldo unánime que durante años dio fuerza a la
reivindicación gallega y ahora será la Comisión Mixta de Transferencias la que acuerde
las condiciones concretas del traspaso.
La pregunta clave es si Galicia puede aceptar una competencia con el riesgo de asumir
una carga económica que corresponde al Estado. El Gobierno gallego sostiene que no y
advierte de un posible coste millonario vinculado a la concesión y a obligaciones
futuras. La oposición, por el contrario, afirma que el texto aprobado blinda a la
comunidad frente a esos riesgos y que cualquier coste extraordinario será de
responsabilidad estatal.
El problema es que ambas posiciones encuentran respaldo en informes jurídicos
distintos y cuando los expertos discrepan y la ley admite lecturas contrapuestas, los
ciudadanos tenemos dificultades para distinguir dónde termina el análisis jurídico y
dónde comienza la estrategia partidista.
Lo preocupante no es que existan discrepancias, siempre legítimas en democracia, sino
que se haya perdido la unidad de acción que durante tantos años dio fuerza a una
reivindicación de país. Mientras Galicia hablaba con una sola voz, la demanda poseía
una notable fortaleza institucional. Cuando esa voz se fragmenta, el Estado encuentra un
interlocutor más débil.
Tampoco ayuda que un asunto de esta trascendencia se haya negociado en Madrid sin
preservar el consenso construido en el Parlamento gallego. Una infraestructura esencial
para Galicia merecía un mayor esfuerzo de entendimiento entre los políticos que dicen
defender el mismo objetivo.
Ahora, la aprobación de la ley abre una nueva etapa. Será en la Comisión Mixta donde
Estado y Xunta concreten las condiciones del traspaso y se comprobará si la
transferencia responde realmente a los intereses de Galicia. Para saberlo habrá que
esperar lo qué decidirá el TJUE sobre la ampliación de la concesión y quién asumiría el
coste de una eventual reversión anticipada.
La AP-9 seguirá siendo la misma vía de comunicación que une ciudades, facilita la
movilidad y favorece la actividad económica. Lo que ha cambiado es la división política
que, lamentablemente, convierte a esta infraestructura en un elemento de confrontación.