La Audiencia Provincial de Palma ha decidido que la sopa boba tiene fecha de caducidad. Y no, no se trata de un recorte cruel contra la juventud oprimida por el capitalismo tardío, sino de algo bastante más prosaico: dos jóvenes de 20 años, perfectamente sanos, que dejaron los estudios a los 16, encadenaron cuatro años en blanco en su currículum y, cuando probaron el mercado laboral como cocineros, concluyeron que aquello “no les llenaba”. Resultado: papá pagaba 360 euros mensuales por barba. Hasta ahora.
El juez ha considerado que existe “pasividad voluntaria”. Traducido del lenguaje togado al castellano de bar: que no hacen nada porque no quieren. Y que el derecho de alimentos no está pensado para financiar vocaciones de sofá ni másteres en PlayStation. La resolución no condena a nadie al hambre, sino a la responsabilidad.
Durante años hemos convertido la palabra “nini” en un concepto casi antropológico, como si estuviéramos ante una tribu urbana incomprendida, víctima de un sistema feroz que no supo apreciar su talento oculto. Pobres criaturas: dejaron el instituto tempranamente, no por obligación, sino por decisión. Y cuando el mercado les abrió la puerta de una cocina, con sus turnos y sus quemaduras, descubrieron horrorizados que el trabajo cansa. ¡No les llenaba!
La sociedad contemporánea ha asumido, con una mezcla de culpa y pereza, que la juventud es una prórroga indefinida de la infancia, redefiniendo la paternidad como una mezcla de cajero automático y terapeuta permanente. Se nos dice que exigir es traumático, que imponer límites es autoritario, que frustrar es casi violencia simbólica. Y así criamos adultos que consideran que un empleo debe “llenarles” antes siquiera de haber aprendido a cumplir horarios.
Conviene recordar que la pensión de alimentos no es un subsidio existencial. Es un instrumento para garantizar que un hijo que estudia o que, con diligencia, intenta abrirse camino, no quede desamparado. No es un salvoconducto para desertar de toda obligación. Si un joven abandona los estudios por decisión propia, rehúsa oportunidades laborales porque no le resultan emocionalmente satisfactorias y permanece cuatro años desconectado del sistema, quizá el problema no sea la falta de recursos, sino el exceso de indulgencia.
La ironía es que algunos confunden protección con sobreprotección, amor con permisividad, comprensión con complicidad, y defienden que no podemos criminalizar a los jóvenes. De acuerdo, pero tampoco santificar la apatía. Entre la precariedad real que sufren miles de chavales que encadenan contratos basura y la indolencia voluntaria de quien decide no hacer nada hay un abismo moral que convendría no borrar.
La resolución de esa Audiencia Provincial no deja a nadie en la indigencia. Lo que retira es la coartada. Y quizá sea una llamada de atención no solo a los hijos zánganos, sino a los padres temerosos de ejercer autoridad. Porque educar no es evitar cualquier malestar, es preparar para la vida real.
Tal vez haya llegado el momento de recuperar una idea antigua y hoy casi subversiva: el esfuerzo no es una agresión, el trabajo no es una terapia emocional y la responsabilidad empieza en casa. Y si en casa no se enseña, luego no debería sorprendernos que un juez tenga que recordarlo.
