Lo cierto es que los desahucios, por vivienda habitual, se continúan
produciendo en Ribeira, en el Barbanza, en Galicia, en España y en Europa.
Lo peor de todo es que, en demasiados casos, hay una falta de compromiso
de las Administraciones Públicas para garantizar, en el caso de familias
vulnerables, una alternativa habitacional. Es decir que dispongan de otra
vivienda asequible a sus ingresos o con la concesión del bono de alquiler
necesario para sufragar el coste de la vivienda habitual, no que las dejen
indefensas y desamparadas en hostales, tiendas de campaña, caravanas o
malviviendo en sus propios vehículos particulares.
Actualmente, en el Concello de Ribeira, se está trabajando para que una
familia vulnerable, con cuatro hijos menores, que tiene señalado
judicialmente el desahucio par mediados del próximo mes de septiembre
pueda disponer de una alternativa habitacional y que no quede en el
desamparo, ni perdiendo la tutela ni la atención de sus hijos.
Las Administraciones locales también tienen competencias en materia de
vivienda, así con voluntad política y de gestión, pueden disponer de un
parque de viviendas públicas o con acuerdos temporales con promotores
privados; intervenir el mercado para poner topes a los alquileres para
residencias habituales; limitar o frenar el crecimiento de los pisos turísticos
así como favorecer, en colaboración con la Xunta de Galicia, la puesta en el
mercado inmobiliario muchas de las viviendas vacías para el alquiler de
larga duración así como el destino de terrenos municipales para la
construcción de viviendas sociales.
JOSÉ MANUEL PENA
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