Cuando cada mañana los ciudadanos leen los periódicos o escuchan los informativos
encuentran nuevos nombres y nuevos indicios de corrupción en quienes ejercen
responsabilidades públicas. Una diaria acumulación de escándalos que socavan la
democracia y erosionan la confianza de la sociedad.
Tantos altos cargos y dirigentes vinculados al poder y a organismos del Estado
investigados -los últimos, la presidenta de la SEPI, directivos de empresas participadas,
la directora y el DAO de la Guardia Civil- alimentan la percepción de que existe una
forma de ejercer el poder en la que los comportamientos irregulares, incluso
presuntamente delictivos, eclipsan la ejemplaridad que los ciudadanos esperan de sus
gobernantes.
La corrupción, además de dinero y recursos públicos, roba algo más profundo: la
confianza. El ciudadano que madruga, trabaja, paga sus impuestos, cuida de su familia y
cumple con sus obligaciones observa desconcertado cómo muchos dirigentes viven bajo
reglas diferentes. La sensación de impunidad resulta entonces devastadora porque
erosiona la idea básica de que, en una democracia, la ley y las exigencias éticas deben
ser iguales para todos.
El pasaje bíblico de Sodoma y Gomorra simboliza la decadencia de una sociedad que
había perdido sus referentes éticos. Su enseñanza sigue siendo actual para nuestra
sociedad en la que el mayor peligro no está solo en que existan corruptos, sino en que la
corrupción deje de escandalizar y termine aceptada como una parte inevitable del
paisaje político.
Produce especial indignación que nadie asuma responsabilidades políticas. Un dirigente
no solo responde ante un juez, también debe responder ante los ciudadanos. Cuando la
confianza pública ha quedado gravemente dañada, la dimisión no constituye una
condena anticipada sino que es un deber de respeto hacia los ciudadanos como una
forma de preservar la credibilidad de las instituciones. Por el contrario, cuando los
investigados ni dimiten ni son cesados, sino que son respaldados por el poder, la
sociedad percibe el mensaje demoledor de que ese poder protege a los suyos.
Es verdad que las democracias pueden resistir la corrupción. Lo que no pueden resistir
es que los ciudadanos dejen de escandalizarse ante ella y pierdan la confianza en las
instituciones llamadas a combatirla. Por eso, ante el cúmulo de tramas corruptas, tantas
comisiones y mordidas, esos mismos ciudadanos se preguntan si queda alguien libre de
corrupción en el entorno del poder y si España se verá algún día libre de esta lacra.
La respuesta está en la actuación de la justicia, en que las instituciones recuperen su
fortaleza, los medios continúen informando y los cargos públicos comprendan que la
ejemplaridad es condición indispensable para salvaguardar la democracia. Una pena que
España no esté ahora en ese escenario. .
“O respecto cara aos servidores públicos” – José Manuel Pena
Un gobernante é un servidor público e como tal se merece o respecto necesario, con independencia do partido ao que pertenza ou teña a ideoloxía que teña. O que non pode ser é que o alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, con máis de tres décadas no cargo como...



