Las acusaciones lanzadas por miembros del Gobierno contra el corresponsal de ABC en Estados Unidos, David Alandete -le llamaron antipatriota- por preguntar a Donald Trump sobre España en la Casa Blanca, son un síntoma preocupante del deterioro del clima de respeto hacia la libertad de prensa y de la creciente tentación del poder político de intervenir en el terreno informativo. Cuando quienes gobiernan utilizan su posición institucional para señalar y descalificar públicamente a un periodista, no están defendiendo la libertad y la democracia, las están debilitando y actúan movidos por el “peligro” ante preguntas que no pueden controlar.
Por definición, el periodismo incomoda: su función es fiscalizar al poder, no servirle de altavoz. Por eso, cuando el poder político interfiere en el trabajo de los medios y de los periodistas, como advertía Ryszard Kapuściński, la verdad deja de ser importante y solo quedan las crónicas oficiales y las subvencionadas. Es entonces cuando el pensamiento crítico comienza a desaparecer reemplazado por el pensamiento único, ese ámbito donde se castiga la pluralidad que se percibe como amenaza.
El episodio adquiere mayor contraste si se observa el contexto en que ocurrió. Alandete pudo preguntar a Trump porque el presidente estadounidense, con todos sus excesos, admite preguntas de la prensa. Paradójicamente, en España el jefe del Gobierno y los ministros conceden entrevistas y limitan sus comparecencias a medios afines o actos sin derecho a preguntas. La diferencia no es menor: la posibilidad de preguntar, de interpelar directamente al poder es parte de la esencia misma del periodismo libre y cuando el poder elimina esa posibilidad lo que queda no es información sino propaganda cuidadosamente dosificada.
Aún más inquietante resulta el silencio del gremio periodístico ante este intento de linchamiento político de un colega. Pocos periodistas y medios salieron a defender a Alandete, ni siquiera las Asociaciones de la Prensa, frente a las descalificaciones del Gobierno. En un ecosistema mediático tan polarizado la solidaridad profesional se subordina a la afinidad ideológica y cada vez aparecen más periodistas “militantes” ejerciendo de activistas del poder. De esta forma, la libertad de prensa se erosiona por la presión de ese poder y por la pasividad de quienes deberían ejercer de contrapeso y sucumben a sus encantos.
El caso Alandete interpela a la prensa y a la sociedad que no deberían aceptar que el Gobierno decida qué periodistas son legítimos y cuáles no. Cuando eso ocurre, el periodismo pierde su función de “contrapoder” y tan solo queda el eco uniforme del discurso oficial.
Volviendo a Kapuściński, cuando medios y periodistas aceptan que los gobernantes impidan preguntar, la democracia empieza a perder calidad. ¿Ocurre esto en España? Juzguen ustedes.
