Cuando un Gobierno no quiere cumplir un mandato constitucional se puede decir que es un Gobierno en rebeldía contra ese mandato, por lo menos. Esa es la situación en la que se encuentra actualmente el equipo de 22 ministros de Pedro Sánchez.
Es casi un clamor unánime en los medios de comunicación y en los grupos parlamentarios. El Ejecutivo tiene que presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado a las Cortes para que sea sometido a votación. En caso de que no resulte aprobado, pueden quedar prorrogados los del año anterior hasta que se logre un acuerdo en la Cámaras. Lo que no puede hacer es dar por prorrogados los anteriores sin haber presentado ninguno, como lleva haciendo desde hace años, y por decisión personal, sin fundamento legal ninguno. Ni tampoco puede presentarlos en las fechas que quiera porque logre apoyos entonces. La obligación constitucional es presentarlo tres meses antes de que finalice el año; a partir de ahí comienza todo el resto de proceso. Al no cumplir ninguno de los requisitos, está añadiendo al incumplimiento un fraude de ley.
Pero, es más. Pedro Sánchez denunciaba, con la solemnidad hueca que le caracteriza, en 1918, la irregularidad que suponía gobernar sin las cuentas aprobadas: “Dijimos la semana pasada, y yo personalmente lo dije, que, si no había Presupuestos Generales del Estado, el señor Rajoy lo que tenía que hacer era anticipar las elecciones. Conocía ya cual era la respuesta del señor Rajoy: que no haya Presupuestos Generales del Estado eso no significa que haya un anticipo electoral. Bueno, yo les quiero anunciar que la
conclusión y el acuerdo a la que ha llegado la Ejecutiva federal es que si no tiene presupuesto ni convoca elecciones, por respeto a la ciudadanía de este país, por responsabilidad constitucional, tendrá que someterse a una cuestión de confianza. Vivimos en una democracia parlamentaria. Un Gobierno tiene que aprobar su principal Ley que son los Presupuesto Generales del Estado. Si el presidente del Gobierno no puede aprobar su principal Ley tiene como obligación constitucional, y por la responsabilidad de ser el presidente de todos los ciudadanos, que someterse a una cuestión de confianza; y si esa cuestión de confianza la pierde, el presidente ya no tendrá ninguna excusa para no convocar las elecciones”.
Poco más que añadir. Lo lógico y coherente sería que el propio autor de estas palabras y el mismo organismo del PSOE que acordó aquella resolución, debían aplicarla ahora sin más dilaciones.
Lo que no puede hacer el presidente actual del Gobierno, por respeto constitucional y por respeto a la ciudadanía, es tratar de engañar a todos con nuevas teorías constitucionales inventadas y actuar como si no estuviéramos en una democracia parlamentaria.
Es un auténtico peligro. Es una declaración de rebeldía.
Arturo Maneiro
