“Duelo entre juristas”. José Castro López

Sin entrar en consideraciones jurídicas, la Ley de Amnistía ya es la ley más impugnada
en la democracia. El Tribunal de Cuentas recurrió a la justicia europea porque entiende
que no puede amnistiarse la malversación habida en el procés al afectar a intereses de la
Unión Europea. Por su parte, el Tribunal Supremo en su recurso al Constitucional
considera que esa ley transgrede los límites constitucionales y “vulnera el derecho a la
igualdad y el principio de seguridad jurídica”.
Con los mismos argumentos formalizaron recursos ante el Constitucional el Partido
Popular y las comunidades gobernadas por esta formación, a las que se sumó Castilla-
La Mancha gobernada por el Partido Socialista.
La batalla, por tanto, se libra en el Tribunal de Garantías que, como es sabido, está
formado por juristas de prestigio, unos más reconocidos que otros, que se adscriben a
dos bloques ideológicos, progresistas, que son mayoría, y conservadores.
Unos y otros, antes de emitir su voto, deberán recordar que en la edad media los
aragoneses exigían a sus monarcas que renovaran el juramento de “la constitución
política del reino” para ser reconocidos como reyes. “Nos, que somos y valemos tanto
como vos, pero juntos más que vos, os hacemos Principal, Rey y Señor entre los
iguales, con tal que guardéis nuestros fueros y libertades…”.
Este juramento realza el valor de cada persona “nos, igual que vos” y el valor del
conjunto “todos juntos más que vos”, que era el contrapeso para evitar abuso del poder
real. En aquel juramento estaba el germen de la soberanía popular que fundamenta
nuestras democracias.
Bueno, pues los recursos presentados contra la amnistía tienen como autores a equipos
jurídicos y juristas también de reconocido prestigio del Tribunal de Cuentas, del
Supremo y de los gabinetes de las comunidades autónomas que juntos saben más que
los magistrados del Constitucional.
Son juristas cualificadas que plantean la cuestión de inconstitucionalidad contra esta ley
que, argumentan, vulnera derechos consagrados, como el de la igualdad y el principio
de seguridad jurídica y otorga un beneficio personal a los políticos que protagonizaron
el procés.
El Constitucional tendrá que decidir declarando la ley inconstitucional, como decía el
presidente del Gobierno y los ministros antes del 23-J. O declarándola conforme a la
Constitución, como piensan ahora el mismo Sánchez y sus ministros que después del
23-J “cambiaron de opinión”.
Así las cosas, como se dice en lenguaje coloquial, que se aten los machos los
magistrados del Constitucional porque detrás de los recursos presentados están juristas
que “somos y valemos tanto como vos, y todos juntos (sabemos) más que vos…”. Una
segunda razón para que resuelvan con rigor, sin contaminación ideológica, es que el
debate definitivo sobre la esta polémica ley puede que se libre en Europa.