El sector del turismo, la primera industria del país, presupone una fuerza de difícil parangón en su influencia social, económica y, por supuesto, electoral. No es frecuente encontrarse con lecturas sociológicas que consideren los millones de votos que presupone un sector que agrupa a representantes de los trabajadores menos cualificados y a los más importantes empresarios, que abarca desde el camarero o un limpiador de un modesto bar de carretera a un ejecutivo internacional, desde un estudiante de gastronomía a millones de viajeros. Pero, por fortuna, también la democracia obra su milagro en este sector e iguala el valor de cada papeleta y la posibilidad real de evaluar con cada decisión libre la consideración hacia un segmento económico único por su relevancia, por su aporte a la economía, a la creación de riqueza y empleo, al pago de impuestos, y por su influencia directa o indirecta sobre el desarrollo, el estado de bienestar, la educación, la sanidad, la seguridad o la preservación del medio ambiente natural. A España la modernizó el turismo y, sin petulancia, quizás también contribuyó de forma determinante a su transición hacia la libertad constitucional. Esto también es memoria histórica.
El turismo es más mucho más que una sombrilla y una toalla. En España es fácil comprender cuanto ha supuesto la industria del viaje para la modernización del país, de todos y cada uno de sus rincones, en una progresiva evolución que nació sí en la costa, bajo el sol, pero que se extendió a toda la geografía, e influyó en sectores como la construcción, la automoción, la agroindustria, la gastronomía, el transporte, el deporte, la cultura, la comunicación, la publicidad, los seguros, la energía, la gestión del agua, el ocio o el mismo juego. Lo difícil es encontrar un ámbito al que no haya beneficiado, directa o indirectamente la llamada industria de la felicidad, casi con seguridad la principal suministradora de los erarios públicos locales, provinciales, autonómicos y estatales, la primera si junto a los aportes directos se consideran los indirectos. Es difícil de evaluar con precisión los datos, pues al margen del sector privado no ha existido un interés real desde lo público por gozar de estadísticas claras, salvo para proclamar, eso sí, récord tras récord en número de visitantes extranjeros y raramente considerar cómo contribuir a mejorar la imagen exterior del país o a incrementar el gasto medio de los viajeros.
La dispersión de normativas, las burocracias, los exagerados afanes recaudatorios -lease, por ejemplo, la tasa turística y otros impuestos-, la desconsideración en las ayudas europeas, la negación de un PERTE para el sector, la no renovación de destinos maduros, la falta de cobertura de redes móviles en los trenes, son algunos de los aspectos que evidencian la necesidad de una mayor sensibilidad hacia un sector que, moleste a quien moleste, paga buena parte del bienestar general -sanidad, educación, pensiones, cultura, etc.-, al tiempo que ve como se obvia su legítima aspiración de gozar de una Ministerio de Turismo o, al menos de una Secretaria de Estado dependiente directamente de Presidencia del Gobierno, se suma, por ejemplo, a la ineficacia en la gestión de los viajes del IMSERSO.
El sector, la Mesa del Turismo, la CEOE, las asociaciones de Hostelería de España, la de Profesionales del Turismo, las de agencias, coches de alquiler, cruceros, campings, golf, etc. reclaman la consideración seria del segmento del viaje en los programas de los partidos políticos que concurren a las Elecciones del 23 de julio. El turismo vota, millones de profesionales y viajeros acudirán a las urnas y exigirán resultados.
