Nuestros políticos, en general, tienen que ser más valientes en asuntos
económicos y financieros. Hasta ahora, cuando se trataba de regular y
supervisar las actuaciones de las entidades financieras, han sido demasiado permisivos, dejando la regulación a la libre discrecionalidad entre las partes: entidades y ciudadanos. Así han proliferado los abusos bancarios, las preferentes y subordinadas, las cláusulas suelo, los intereses moratorios abusivos, el cobro de comisiones abusivas e injustas o gastos indebidos, los gastos por formalización de hipotecas, los fondos buitre, las arbitrarias ejecuciones hipotecarias y un largo etcétera de actuaciones contra los usos y buenas prácticas bancarias.
El dicho popular de que “la banca siempre gana” era evidente, y ya es algo habitual. Incluso nuestros progenitores se encargaban de introducirnos el miedo en el cuerpo cuando llamábamos a la puerta de una entidad financiera en busca de un préstamo personal o un crédito hipotecario. Ahora, en los
últimos años, tanto los ciudadanos, con sus demandas, y los tribunales de justicia, con sus sentencias ejemplares, han puesto en evidencia el mercado financiero de nuestro país.
Las buenas prácticas bancarias y la transparencia que debería presidir la contratación bancaria han brillado por su ausencia. Todo era válido, con la disculpa de generar beneficios para los propios accionistas y los miembros de los consejos de administración. El deficiente control de la CNMV y del Banco de España así como el “pasotismo” de nuestros gobernantes llevaron a miles de familias a situaciones límite que hora muchos jueces y tribunales de justicia han tomado buena nota de ello.
¿Cuántas familias han perdido sus propiedades, de manera injusta?.
¿Cuántos suicidios se podrían haber evitado, por los desahucios de sus viviendas habituales y la de sus avalistas?. ¿Cuánto dinero se les ha robado a los pequeños ahorradores?. En la mayoría de las ocasiones, la buena fe de los ciudadanos, fue pisoteada por los amos del dinero, por la usura sin límites.
