“Con lo que cuesta la compra de un tanque, para la guerra, podrían comer unas 30.000 personas”. “900 euros es lo que cuesta insertar a una persona para el mundo laboral”. “Hace
mucho tiempo que ya no creo en los políticos, no es de recibo que se sigan manteniendo ayudas sociales e 426 euros mensuales”.
Esto es algo que se dijo en unas jornadas sobre el Estado de Bienestar, por parte de algunas personas comprometidas y solidarias que se dedican a trabajar, de manera altruista, en
colectivos sociales, ongs y fundaciones privadas.
Todos estos voluntarios y cooperantes son conscientes de la escasa sensibilización de nuestros gobernantes cara a la
erradicación de la pobreza, la desigualdad y a poder articular una política valiente sobre inclusión social. Saben que tienen mucho que aprender, desde las diferentes administraciones públicas, sobre la gestión eficiente de muchos colectivos y entidades sociales que, con su labor, ayudan a aminorar la enorme desigualdad social existente.
La realidad, aunque sea de manera estadística, sigue siendo peor de lo que algunos gobernantes piensan. Pues, según la encuesta de condiciones de vida del Instituto Español de Estadística (IEE), el 22% de la población española vive por
debajo del umbral de riesgo de pobreza y más del 15% de las familias manifiestan llegar a fin de mes con mucha dificultad. Por su parte la ong Cáritas de Galicia, publicó un informe sobre vulnerabilidad social en los menores gallegos con unos resultados sorprendentes y angustiosos sobre que un 47% de los niños atendidos no tienen dinero para vivir con un mínimo de dignidad.
Desde luego esto no se mejora con las numerosas tramas de corrupción política, generalizada, y la crispación partidista que hay en el país.
