Cualquiera que de un paseo por su entorno más cercano puede seguir observando decenas de “urbanizaciones fantasmas”, como consecuencia de la conocida “burbuja inmobiliaria”. Promotores particulares que han tenido la iniciativa y la valentía de arriesgar su patrimonio para construir un número importante de viviendas, aprovechándose de “la fiesta y la alegría” del crédito, auspiciada por la mayoría de las entidades financieras.
Cuando las cosas no fueron tan bien y la oferta era muy superior a la demanda, las propias entidades bancarias se encargaron de cerrar el grifo de la financiación y muchos promotores no fueron quienes de poder cumplir con sus obligaciones financieras. El resultado es el mismo de siempre: embargo de las propiedades. La cruda realidad actual es el de las grandes urbanizaciones casi vacías, que carecen de las licencias de primera ocupación, con agua y luz de obra y sin la cobertura de los servicios más básicos y algunas llevan muchos años en esas situaciones irregulares.
Por otra parte la pasividad y la desidia de muchas corporaciones locales hacen que algunos ayuntamientos dejen de ingresar, en las arcas municipales, un dinero importante de esas promociones. Cumpliendo con la legalidad vigente tendrían que, una vez transcurrido el tiempo necesario, iniciar un expediente de caducidad de licencia para poder ejecutar los avales. Si fuese necesario, también promover una orden de derribo, con la imposición de multas coercitivas.
Las entidades financieras o los fondos de inversión están obligados a cumplir con sus responsabilidades, como el resto de mortales, y como tales propietarias de inmuebles no deberían dejar de abonar los impuestos y tasas correspondientes en las propias arcas municipales o de lo contrario buscar alguna fórmula de colaboración para poner a disposición de los mismos un número importante de viviendas vacías, con destino a familias con escasos recursos, a través de alquileres sociales.
