El IPC de agosto dio un leve respiro, pero sigue en cifras estratosféricas. La inflación del último mes deja una tasa interanual del 10,4% y nadie espera que baje de los dos dígitos a corto plazo. Los altos precios de la cesta de la compra, junto con los carburantes y la energía, están detrás de estos datos que asfixian a los españoles. Y es en este marco, en el que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, propone la intervención del precio de “20 o 30 productos básicos”.
La propuesta no termina de cuajar, ni para el Gobierno, ni para agricultores, productores y distribuidores, que han mostrado con claridad su rechazo, ni tampoco convence a los consumidores, que la reciben con escepticismo. En
definitiva, toda la cadena agroalimentaria la considera intervencionista y poco eficaz.
Más allá de controversias, la pregunta es si esta resulta legal, para lo cual, es preciso ver si se hace mediante una ley o no. En el primer caso podría vulnerarse el Art. 38 de la Constitución que defiende la productividad y reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. En el
segundo supuesto, lo que se contravendría sería el derecho comunitario de defensa de la competencia.
En cualquier caso y al margen de su inviabilidad legal, la medida planteada no soluciona nada, sino más bien todo lo contrario, con consecuencias nefastas para la economía. Yolanda Díaz analiza mal el problema, porque la causa de la subida de esos precios, nada tiene que ver con un presunto (diría que
inexistente) aumento de los beneficios empresariales, sino con la subida de los costes energéticos que disparan los costes de toda la cadena agroalimentaria.
La patronal de los supermercados critica la medida afirmando que llevan mucho tiempo conteniendo los precios para no repercutir al consumidor su incremento de costes. Las organizaciones agrarias, los agricultores y ganaderos, acosados por la escalada de las materias primas, también rechazan esta ocurrencia, porque al ser el eslabón más débil de la cadena se ven asumiendo un mayor desgaste. Además, en el hipotético caso de que la propuesta se materializase, al Gobierno no le quedaría más opción que indemnizar a las empresas para que no perdiesen dinero y se viesen obligadas
a cerrar.
Recetas comunistas al margen, lo que sí está en manos del Gobierno es rebajar el IVA a los alimentos, poner en marcha programas de ayuda a familias necesitadas para asegurarles alimentos básicos a precios asequibles y trabajar para atajar la especulación que se está dando a lo largo de la cadena alimentaria.
Vicepresidenta del Gobierno de España, doña Yolanda, si todos piensan que su propuesta intervencionista y totalitaria es un verdadero disparate, porque los alimentos son comida y no ideología, tal vez la equivocada sea usted. Tengo la impresión de que su iniciativa SUMAR cada día resta más.
