En el fútbol se producen lances del juego en los que la decisión del árbitro acaba
favoreciendo al infractor cuando la aplicación estricta del reglamento detiene una acción
muy prometedora del equipo atacante o permite que el equipo que cometió la falta se
reorganice.
Traigo esto a colación porque la semana pasada, coincidiendo con el comienzo de la
campaña electoral, salieron a la luz tres informaciones del ámbito judicial que afectan al
partido que sostiene al Gobierno: el Tribunal de Cuentas busca 3.500 millones de
Loterías del Estado “extraviados”; la Unidad Central Operativa (UCO) entró en el
mismo Tribunal de Cuentas para indagar si hubo financiación irregular del PSOE, y la
Fiscalía Europea investiga en el Ministerio de Igualdad un posible fraude de fondos
comunitarios en la compra de pulseras antimaltrato. El propio Tribunal de Cuentas
también investiga la compra de un ático por la Comunidad de Madrid.
El ministro de Justicia discrepa del momento en que se producen estas actuaciones
judiciales y considera razonable la “norma no escrita” que aconseja parar decisiones
sensibles de la justicia durante las campañas electorales para evitar que influyan en el
sentido del voto. Es decir, se pide que el tercer poder del Estado paralice su actividad en
función de los intereses electorales de los partidos políticos.
La cuestión es que si se paralizan las actuaciones judiciales se retrasa la difusión de sus
resultados y se favorece al infractor que presuntamente ha cometido una irregularidad.
Pero es tan grave que se priva a los electores de una información valiosa sobre quienes
han incurrido en corrupción o protagonizado comportamientos impropios de una
democracia. Conocer esos hechos ayuda a votar con mayor criterio y sentido crítico.
Por eso, ocultar esa información relevante sobre los partidos y los políticos que aspiran
a regir los destinos del país durante los próximos cuatro años, por conveniencia
electoral, perjudica a la democracia que pierde calidad y transparencia.
El filósofo Jason Brennan sostiene que “el problema de la democracia son los votantes
desinformados que si eligen a la persona equivocada, las consecuencias pueden ser
gravísimas”. Tiene razón al subrayar la importancia de la información, aunque para
corregir esa carencia proponga experimentar con la “epistocracia”, un sistema complejo
y quizá descabellado por utópico, que desarrolla en su libro Contra la democracia.
La democracia no se fortalece ocultando información a los ciudadanos, ni administrando
los tiempos de la Justicia según las conveniencias políticas. El elector tiene derecho a
conocer, también en campaña electoral, todo aquello que pueda ayudarle a decidir su
voto. Porque la democracia no está para proteger a los políticos de informaciones
adversas, sino para proteger a los ciudadanos de la desinformación.
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