Buscar un único culpable de los malos resultados del informe PISA sería tan inútil como injusto. La responsabilidad es transversal: alcanza a los sucesivos gobiernos, a quienes diseñan los planes educativos, a los docentes, a las familias y a una sociedad que no siempre ha sabido valorar la cultura del conocimiento, del esfuerzo y del mérito.
Pero hay una responsabilidad innegable: la de los políticos que, en los años de democracia, fueron incapaces de alcanzar un pacto de Estado por la educación. Cada Gobierno llegó al poder con su ley y su sello ideológico y así, reforma tras reforma, seguimos sin conseguir un sistema educativo exigente, estable y compartido.
La LOMLOE, la última, rebaja la exigencia académica hasta permitir pasar de curso con asignaturas suspensas y la obtención del título en determinadas circunstancias sin haber aprobado todas las materias. Defiende la poca exigencia frente a la necesidad del estudio.
Tampoco ayuda la descentralización mal entendida y peor gestionada. España tiene diecisiete sistemas educativos con diferencias curriculares, criterios y calendarios y pruebas distintas de acceso a la universidad. Hasta los contenidos de historia de España son diferentes. La descentralización fue concebida para enriquecer, pero cuando produce desigualdades y fragmentación deja de ser un valor y se convierte en un problema.
Mientras España recibe el varapalo de PISA a su modelo educativo, el mundo cambia. El universo de la inteligencia artificial protagoniza una transformación tecnológica y económica de dimensiones extraordinarias. Desaparecen viejas profesiones, aparecen nuevas y cambian otras que requieren nuevos contenidos que capaciten a los jóvenes para afrontar un futuro muy distinto.
Por eso el descalabro educativo que refleja el informe PISA debería sacudir los cimientos de la política y de la sociedad española. No para ajustar cuentas con el adversario, sino para que los responsables académicos y políticos estudien qué conocimientos básicos debe adquirir un alumno, cómo recuperar la consideración de los profesores, qué lugar deben ocupar las evaluaciones, el esfuerzo y el mérito, cómo adecuar la formación profesional, qué papel han de desempeñar las nuevas tecnologías…
Siguiendo la regla de Reg Revans, el objetivo es que el sistema educativo se anticipe al futuro para que los escolares aprendan al menos con la misma rapidez con que cambia y exige el entorno. Eso hacen en Japón, Estonia, Singapur o Corea del Sur, países que encabeza el informe, donde los alumnos estudian duro, hacen deberes, pasan reválidas y respetan a los profesores.
En las aulas de hoy están los empresarios y trabajadores, los profesionales y científicos, los dirigentes y ciudadanos del futuro. De lo que aprendan dependerá en buena medida el progreso y la prosperidad de la España del mañana.
