Lo que sucede en Venezuela no tiene precedentes claros en la historia moderna de
América Latina. Si, como se ha reportado, fuerzas especiales de Estados Unidos habrían
actuado en el corazón de Caracas para sacar al presidente en funciones y a su esposa,
estaríamos ante un hecho de enorme gravedad política y jurídica, más allá de simpatías
o rechazos personales hacia Nicolás Maduro.
El derecho internacional es muy claro en un punto esencial: ningún país puede
intervenir militarmente en otro para derrocar o capturar a su presidente. Este
principio, conocido como no intervención, está recogido en la Carta de las Naciones
Unidas y ha sido uno de los pilares para evitar que el mundo vuelva a una era de
conquistas, golpes patrocinados desde el exterior y guerras constantes.
Como advertía el filósofo Karl Popper, “la tolerancia ilimitada conduce
inevitablemente a la desaparición de la tolerancia”. Esta idea resume bien la
contradicción que vive hoy la comunidad internacional: respetar la soberanía de los
Estados sin permitir que esa soberanía sea usada como escudo para la opresión
permanente.
La soberanía no es un cheque en blanco. Es una protección para los pueblos, no una
patente de impunidad para quienes gobiernan sin límites. Bajo este principio, ningún
país —ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China— tiene el derecho automático de decidir
quién gobierna a otro.
La comparación histórica más cercana sería la captura del general panameño Manuel
Noriega en 1989. En aquel caso, la operación estuvo precedida por una invasión militar
abierta, breve y contundente, que dejó claro que se trataba de una guerra entre Estados.
Fue un episodio excepcional y muy criticado, incluso décadas después.
Defender la no intervención no significa defender a los dictadores. Aquí surge el
dilema moral de nuestro tiempo. El derecho internacional también reconoce los
derechos humanos, la autodeterminación y la obligación de los Estados de no amparar
crímenes graves. Sin embargo, estos principios avanzan más lento que la realidad de
millones de venezolanos que viven sin elecciones libres ni garantías básicas.
Las dictaduras no deberían perpetuarse solo porque se escudan en una bandera nacional.
Un gobierno que se mantiene mediante fraude y represión pierde legitimidad
moral, aunque conserve una fachada legal.
El gran desafío del siglo XXI es encontrar el equilibrio: lograr que los dictadores cesen
sin destruir las normas que evitan que el mundo caiga en la ley del más fuerte. Ni la
intervención arbitraria ni la pasividad eterna son soluciones.
Venezuela no es solo un conflicto interno. Es una prueba para la comunidad
internacional. O se crean mecanismos reales para que las dictaduras terminen de forma
justa y multilateral, o seguiremos atrapados en una paradoja peligrosa: defender el
derecho internacional mientras se tolera la injusticia cotidiana.
Porque, al final, como escribió Albert Camus, “la tiranía totalitaria no se edifica sobre
las virtudes de los tiranos, sino sobre las faltas de quienes pudiendo actuar, miran
hacia otro lado”.
