Mucho antes de que el presidente del Gobierno se atreva a
someterse en el Congreso de los Diputados al abierto y duro
rechazo de sus socios al incremento del gasto en Defensa para
cumplir sus compromisos personales con la UE, él ya ha
comenzado el rearme en los medios de comunicación, públicos y
privados, para incrementar la propaganda a su favor.
Tal acopio de armamento propagandístico comenzó con el Real
Decreto para mantener el poder en RTVE. Para ello necesitó de la
participación de casi todos los socios de investidura, lo que le obligó
a destinar unas dotaciones presupuestarias nada desdeñables.
Nombraron a 15 miembros del Consejo de Administración del Ente
público, con dedicación exclusiva y sueldos tentadores. Un número
desproporcionado, nunca antes alcanzado, y sin justificación en las
tareas que deben desempeñar. De esta forma, multiplican por
mucho las dotaciones de los anteriores equipos directivos y
consejeros. Un derroche de dinero público para beneficio particular
del presidente Sánchez.
La segunda fase del rearme se está desarrollando con la
contratación de la denominadas “estrellas” de la tele para
programas de entretenimiento y espectáculo que en nada justifican
la función pública de una televisión del Estado. Sumas enormes de
millones, de dinero público y garantizado desde el Gobierno, para
competir. con las televisiones comerciales que arriesgan con sus
ingresos privados.
La fase siguiente es más agresiva porque tiene como objetivo
hacerse con una televisión privada que defienda los planteamientos
políticos del PSOE, grupo mayoritario en el Gobierno de coalición.
Esta guerra la está planteando el presidente del Gobierno en dos
frentes. En el primero, pretende adjudicar un nuevo canal de TV a
una determinada empresa antes de que se planteen las condiciones
del concurso público. Eso supone una predisposición a la ilegalidad,
a la trampa y la prevaricación. El concurso público tiene por
finalidad que cualquier empresa pueda participar y tener opciones
de ganar. Pero si antes del proceso el Gobierno ya ha decidido la
empresa que va a ser adjudicataria estamos ante un claro delito.
En el segundo, lucha por conseguir el poder en una empresa
privada como PRISA, para que prepare las inversiones necesarias
que le permitan recibir la adjudicación del nuevo canal de TV. Es
decir, quiere adjudicar un canal de TV a una empresa que no tiene
intención de concurrir a esa operación; por lo tanto, debe conseguir
el poder en PRISA para obligarla a presentarse al concurso y recibir
la adjudicación de forma fraudulenta.
De hecho, algunos directivos de este grupo ya estaban preparando
al personal y equipos para poner a funcionar el nuevo canal, cuyo
concurso -conviene insistir- todavía no se ha convocado. Sin
embargo, el grupo mayoritario del consejo de administración
desbarató los planes, despidió a los responsables y negó la
posibilidad de nuevas inversiones de PRISA en televisión, debido a
su precaria situación económica. Por eso, el Gobierno de Pedro
Sánchez decidió promover operaciones tácticas para desbancar a
los que se niegan a montar el nuevo canal que les quiere adjudicar.
Para ello, los propios ministros socialistas del Gobierno
desenvuelven operaciones de comando con la finalidad de
presionar a capitalistas franceses de Vivendi para que se avengan a
respaldar los planes de Sánchez, por medio de sus testaferros, para
hacerse con PRISA y montar un nuevo canal de tv en una España
ya saturada de ofertas televisivas.
Y todo para lograr un rearme propagandístico irracional.
