El Banco de España afirma que tenemos un déficit de 600.000 viviendas nuevas y cada día vemos como el acceso a las mismas es un lastre para el bienestar de las familias y para las expectativas de futuro de los jóvenes.
Hace poco más de una semana tuvo lugar en Madrid una manifestación por la vivienda. Más allá de ser comprensible por la magnitud del problema, llamaban la atención las consignas coreadas: “¡Rentista! ¿Qué tal han ido las vacaciones que yo te he pagado?”, “Ser casero no es una profesión”, “La vivienda es un derecho, no un negocio”, o “Nuestro alquiler, tu paguita”.
Cuando algunos políticos no quieren solucionar un problema, buscan un culpable único, en este caso los caseros, a los que se presenta con cuernos demoníacos que compran pisos para hacer toda clase de maldades con ellos: desde mantenerlos vacíos para inflar precios hasta llenarlos de turistas para expulsar a los locales.
En España el 90% del mercado está en manos de pequeños propietarios, en contra del bulo que asegura que lo controlan grandes fondos de inversión. Esos “diabólicos” caseros son personas que, gracias a su trabajo y ahorro, han comprado activos inmobiliarios con los que completar, sus ingresos.
Tenemos 4 millones de viviendas desocupadas, ¿Por qué no salen al mercado? Primero, porque son antiguas y requieren mucha inversión. Segundo, porque los propietarios tienen miedo a no cobrar, a las ocupaciones, a que les destrocen la vivienda, o a que los cambios continuos de precios y duración de contratos los dejen en situación de indefensión.
Las soluciones aportadas por la nueva Ley de vivienda se centran en topar los precios, un error ya que, en economía, el precio no es el problema es el síntoma del problema. Esto ya se puso en práctica con Franco, y más allá de no aumentar el mercado de alquiler, lo que creció fue el de compraventa.
El control del precio de los alquileres es una medida en boga en algunas grandes ciudades, no obstante, que su uso se haya extendido no implica que sea una medida atinada. Y si a corto plazo los precios bajan sin que haya escasez de viviendas; a largo plazo, la oferta se reduce y se da escasez en el mercado. Además, topar los precios hace que los caseros tengan menos incentivos para invertir en el mantenimiento de sus viviendas.
Esos efectos negativos ya están presentes en Berlín, con subidas desproporcionadas del 36% desde su implantación; en París, donde se ha creado un mercado negro del alquiler que ha hecho caer un 20% la oferta; o en Nueva York, donde la falta de incentivos frena la inversión en mantenimiento en los edificios afectados, provocando la degradación de esos barrios.
Se podrían explorar otras medidas como, cambiar el enfoque de la administración que protege al inquilino y castiga al propietario. Establecer incentivos fiscales, coberturas de riesgo y ayudas a la rehabilitación. Crear una buena red de transporte, servicios y equipamientos públicos, para que los jóvenes accedan a viviendas en zonas menos tensionadas. O crear entidades sin fin de lucro dedicadas a la promoción, construcción, renovación y administración de vivienda social a precios asequibles y estables.
La nueva Ley de Vivienda tiene una visión cortoplacista al dejar en manos de las comunidades autónomas su aplicación, lo que traerá consigo desigualdad entre regiones dependiendo del signo político, y eso como siempre lo acabarán pagando propietarios e inquilinos.
