El Pentágono ha anunciado su intención de retransmitir la ejecución de Nidal Hasan, exmayor del Ejército estadounidense y médico militar convertido en terrorista islamista, condenado por asesinar en noviembre de 2009, en Fort Hood (Texas), a trece personas y herir a otras treinta y dos.
Estamos ante un crimen terrible sin justificación ni razón alguna para rebajar la responsabilidad de quien lo cometió. Lo que cuesta aceptar es que la muerte de ese condenado sea objeto de una retransmisión pública, como si el castigo necesitara una audiencia para alcanzar toda su eficacia.
¿En qué momento hemos empezado a confundir la justicia con el espectáculo?
Soy contrario a la pena de muerte. Creo que el Estado no debería disponer de la vida de una persona, incluso cuando esta ha cometido un crimen tan abominable. Pero allí donde la pena capital sigue vigente, una cosa es ejecutar una condena y otra convertir la muerte en un espectáculo para satisfacer la curiosidad del público. La legalidad no puede convertir automáticamente en decente todo lo que permite.
El propósito de ofrecer un escarmiento público nos devuelve a una tradición que creíamos superada, la de las ejecuciones en las plazas, donde el suplicio se convertía en una lección para la multitud. Cuesta no pensar en las imágenes que a menudo nos han llegado de Teherán, donde las autoridades iraníes difunden las ejecuciones como instrumento de intimidación. Pero que EE.UU. pretenda hacer lo mismo, me resulta inquietante.
Con las víctimas, toda la compasión; ante el crimen, la condena sin paliativos; frente a la posibilidad de que vuelva a suceder, todo el esfuerzo que seamos capaces de hacer para evitarlo. Pero también respeto por la dignidad humana del culpable, por insoportable que nos resulte reconocerla en alguien que ha cometido una atrocidad. No se trata de perdonarlo, ni de aliviar su responsabilidad, ni de pedir a quienes sufrieron su violencia que comprendan sus actos. Se trata de que el mal cometido por un hombre no nos obligue a renunciar a los principios con los que juzgamos ese mal.
El Catecismo de la Iglesia Católica, en su nº 1700, recuerda que “la dignidad de la persona humana está arraigada en su creación a imagen y semejanza de Dios”. No es una dignidad que se conceda como recompensa por una vida virtuosa, ni que desaparezca cuando alguien comete un crimen que nos repugna. La responsabilidad penal exige una respuesta proporcionada a la gravedad de los hechos. Pero hay una frontera entre administrar justicia y ofrecer al público la muerte de un ser humano como entretenimiento.
Respetar la dignidad del asesino no significa equipararlo con sus víctimas, pero tampoco puede depender de cuánto nos agrade. Si la dignidad humana solo merece respeto cuando quien tenemos delante es inocente o despierta nuestra simpatía, entonces no estamos defendiendo un principio, sino expresando una preferencia.
Podemos recordar a los muertos de Fort Hood sin contemplar cómo muere su asesino. Podemos exigir justicia y prevención sin convertir la ejecución en una función pública. Y podemos abominar de un crimen sin permitir que el deseo de escarmiento decida hasta dónde estamos dispuestos a llegar.
La justicia no necesita espectadores. Necesita leyes, responsabilidad y la serenidad suficiente para no dejarse arrastrar por la venganza.
