El Gobierno se debate entre la reagrupación familiar y la acogida en las
comunidades autónomas.
Los días corren. Las deficiencias aumentan. La situación se agrava en cada nueva
jornada que tienen que superar. Dar una solución adecuada al tema de los menores no
acompañados que permanecen en Ceuta, se mire por donde se mire, es un tema muy
serio y muy grave. La crisis que se vive en las calles de la ciudad autónoma, con más de
un millar de niños y adolescentes esperando que se les tienda una mano y se les busque
alojamiento digno, se agrava día a día. Las dependencias para dar cabida a estos niños y
adolescentes están totalmente desbordadas y colapsadas.
La Ley de Extranjería
Es el momento en el que desde el Gobierno se deben de adoptar las soluciones
adecuadas teniendo como centro de operaciones la Ley de Extranjería que contempla
dos vías principales para gestionar esta situación. La primera consiste en intentar la
reagrupación familiar de aquellos menores cuyos familiares puedan ser localizados en
Marruecos y se garantice que su regreso se realice respetando todas las garantías legales
y el interés superior del menor. La segunda pasa por el traslado de los que no puedan
regresar con sus familias a otras comunidades autónomas mediante un sistema de
acogida solidaria.
Ambas soluciones son complicadas. El reagrupamiento familiar es de muy difícil
materialización si no se cuenta con el Gobierno de Marruecos, que inicialmente ya ha
puesto unas condiciones. Intentar conseguir que las familiares o tutores reclamen a los
menores es misión casi imposible. Los que permanecen en Marruecos esperan la
posibilidad de un futuro reagrupamiento familiar en nuestra tierra. Y la otra, los envíos a
las Comunidades Autónomas-la mayoría de sus centros superan en mucho las plazas de
acogida previstas- que de entrada tiene un gran inconveniente insolidario firmado por
catalanes y vascos, dos fuerzas que apoyan al Gobierno, que se han negado a recibir
ningún menor más no acompañado. De ser así, y si el Ejecutivo permite la excepción,
no es de extrañar que las demás comunidades hagan lo mismo y entonces la cadena
solidaria del reparto se rompa en mil pedazos. Además del envío de los menores, los
gobiernos autonómicos demandan ayudas económicas para poder hacer frente a los
gastos que ocasiona el mantenimiento de estos centros de acogida.
Vivir en nuestro país
La situación de descontrol sale muy a la luz ante un proyecto migratorio planificado en
el que suele imperar el reagrupamiento familiar en tierras de nuestro país con lo que,
además de los menores, sus progenitores o tutores se garantizan poder residir en un
futuro más bien próximo en nuestra tierra.
Soy de los que creo que la situación se tiene que resolver por los cauces habituales
marcados por las normas por las que nos regimos. Pero en esta decisión no solo tienen
que imperar los acuerdos y decisiones que adopte el Gobierno de España. Se tiene que
hablar, negociar y llegar a soluciones consensuadas con los responsables de Marruecos
para que ellos también se sumen a la posible reagrupación de las familias en su propia
tierra.
En todo este proceso, que por sus características será muy lento, hay un aspecto que
hay que tener en cuenta y es la de los menores que no proceden de Marruecos, sino de
otras tierras africanas que durante mucho tiempo permanecieron en los montes
marroquíes, y que han utilizado la invasión de nuestra frontera como cabeza de puente
para viajar a otras tierras europeas. Muchos de ellos no indican de donde proceden, ni
facilitan datos, ni confirman su edad. Son conscientes de que al hacerlo se podrían
enfrentar a una repatriación en condiciones.
Determinar la edad
En estos momentos hay dos procesos totalmente distintos en marcha. El primero
depende del Gobierno en las dos vertientes que contempla la Ley, pero sin olvidar que
es necesaria una negociación con el Gobierno de Marruecos para que no vuelva a
suceder una invasión como la que se ha tenido que soportar, y a su vez que se colabore
en la repatriación y la unificación de las familias separadas por la frontera. Y el otro
aspecto está en las manos de los profesionales de la Medicina que con las prueba que
realizan tienen que determinar si esos posibles menores superan la mayoría de edad. De
ser así su repatriación se tiene que hacer sin infringir ninguna norma reguladora.
Recordemos que los menores no acompañados cuando cumplen 18 años en España
dejan de estar bajo la tutela legal de la comunidad autónoma y pasan a ser adultos. A
partir de ahí tienen que enfrentarse a los permisos de residencias y de trabajo
correspondientes para no estar en situación irregular.
La negociación entre los dos países tiene que hacerse al máximo nivel. Un tema urgente,
de una gran magnitud y gravedad, que considero debería paralizar las vacaciones de los
responsables de mantener esa negociación. Y a buen entendedor…sobran palabras.
Javier García Sánchez
