Hay polémicas que retratan un país mejor que cualquier encuesta del CIS. La de esta semana la protagoniza RTVE, que decidió subtitular en castellano a la madre de Fabián Ruiz porque hablaba en castellano con acento andaluz. El resultado es tan grotesco que uno no sabe si reír o preguntarse quién demonios estaba al mando de la edición.
La escena merece entrar en el museo nacional del absurdo. Una mujer explica que trabajaba por las mañanas, volvía a casa y llevaba a su hijo a entrenar. No está recitando un poema en arameo, ni ofreciendo una conferencia en euskera sin traducción. Está hablando exactamente el mismo idioma que el espectador, solo que con la música propia de Sevilla. Sin embargo, algún iluminado concluyó que aquello requería subtítulos. Como si la audiencia española fuera incapaz de comprender una frase pronunciada cien kilómetros al sur de Despeñaperros.
No hace falta ser un experto en sociolingüística para entender que el mensaje implícito resulta ofensivo. El subtítulo no traduce palabras; traduce prejuicios. Viene a decir que hay una forma de hablar normal y otra que necesita interpretación. Que existe un castellano de primera y otro de segunda. Y eso, tratándose de la televisión pública, es sencillamente inaceptable.
De hecho, el propio presidente de RTVE pidió disculpas y calificó la decisión de “gran error”, recordando una obviedad: “El acento andaluz es riqueza, un patrimonio de nuestra cultura, y jamás se puede tratar como una barrera idiomática que necesite traducción”.
Ahora bien, tampoco conviene perder el norte. Porque en cuanto apareció el despropósito, surgió inmediatamente la industria nacional del agravio permanente. La palabra “andalufobia” comenzó a circular con una alegría digna de mejores causas. Hay quien parece dispuesto a convertir cualquier metedura de pata en un episodio histórico de opresión colectiva.
No. No todo es odio. No toda estupidez merece un prefijo griego ni una campaña en redes sociales. Lo ocurrido probablemente responde más a la mezcla explosiva de ignorancia, exceso de celo y ese paternalismo televisivo que consiste en creer que el espectador necesita ayuda hasta para entender. El problema es suficientemente ridículo por sí mismo como para no inflarlo hasta convertirlo en una batalla de civilizaciones.
Si seguimos por ese camino acabaremos necesitando un observatorio nacional para vigilar cada consonante aspirada y un comité de expertos que determine si un subtítulo constituye violencia lingüística de alta intensidad o solo una microagresión audiovisual.
Las disculpas del presidente de RTVE eran inevitables y, en esta ocasión, acertadas. No porque Andalucía necesite que nadie la defienda paternalmente, sino porque la televisión pública tiene un deber elemental de respeto hacia la diversidad lingüística del país. Todos los acentos forman parte del patrimonio común. El gallego, el canario, el extremeño, el murciano, el madrileño o el andaluz. Ninguno requiere un salvoconducto para ser comprendido.
España lleva siglos entendiéndose a través de sus acentos. Lo que no necesita son editores convencidos de que un deje sevillano exige traducción ni activistas empeñados en convertir cada torpeza administrativa en una epopeya de agravios. Necesita menos complejos, menos victimismos y bastante más sentido común.
