Vivimos pendientes de grandes conflictos y de injusticias lejanas y, con frecuencia,
olvidamos atropellos que ocurren a nuestro lado. Uno de ellos es la deuda de los
ayuntamientos con los proveedores que les prestan servicios que en Galicia es un
problema que afecta, en mayor o menor medida, a las corporaciones de las ciudades y
de muchas poblaciones.
El caso de Santiago resulta paradigmático: tarda en pagar a sus proveedores 85 días de
media, casi el triple del plazo legal, y mantiene más de quince millones de euros
pendientes de abono. Una situación que ha llevado a Hacienda a intervenir para
adelantar cerca de ocho millones destinados a pagar facturas que el Concello no ha sido
capaz de atender.
Lo más llamativo es que no estamos ante una falta de liquidez, sino ante un problema de
gestión y es especialmente injustificable que el Ayuntamiento coloque treinta millones
de euros a plazo fijo para obtener rentabilidad financiera mientras empresas y
autónomos esperan meses para cobrar trabajos ya realizados, y la Hacienda de todos
paga sus facturas. Puede ser legal, pero es imposible considerarlo justo.
Resulta aún más doloroso que esto ocurra bajo un gobierno que llegó con el discurso de
poner a las personas en el centro de su gestión, de defender a los trabajadores, a los
pequeños empresarios y a quienes sostienen la economía diaria de la ciudad.
Los ediles que gobiernan Santiago viven alejados de la realidad empresarial y no saben
que detrás de cada factura pendiente no hay simples apuntes contables, hay personas.
Hay pequeños empresarios que han comprado materiales, pagado salarios y cumplido
sus compromisos con la administración esperando recibir, en tiempo y forma, aquello
que se les debe. Y una deuda de unos pocos miles de euros representa, en muchos casos,
la diferencia entre continuar abiertos o desaparecer.
No basta con pronunciar discursos de sensibilidad social. La verdadera defensa de la
gente -y esto vale para todos los concellos deudores- se demuestra en decisiones
concretas y una de las más básicas es pagar a quien ha cumplido sirviendo a la
administración municipal.
Los ayuntamientos no pueden convertirse en deudores privilegiados a costa de sus
proveedores. Por eso, antes de hacer anuncios, campañas de imagen u otras iniciativas,
tienen la obligación elemental pagar, de cumplir con quien trabaja para lo público.
Exigir el pago puntual de impuestos a los administrados, también a los proveedores, y
no cumplir con el deber de pagarles transmite un mensaje demoledor. En Santiago
alcanza una gravedad especial cuando el dinero público se lleva al banco para obtener
rentabilidad mientras se retrasan las obligaciones contraídas con los autónomos y
pequeños empresarios que sostienen buena parte de la economía de la ciudad. ¿Es esta
la forma de entender la gestión de lo público?
“España, dos estrellas. Alberto Barciela
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