
Hay una vieja trampa del poder que consiste en creer que las herramientas de la política pertenecen a quienes las inventan. Que el garrote es legítimo en tus manos y criminal en las del adversario. Que la ley vale cuando te protege y es injusta cuando te golpea. La izquierda española lleva décadas perfeccionando este arte de la doble vara, pero pocas veces lo ha exhibido con tanta desfachatez como en los últimos meses en Galicia.
Agosto de 2025. Noia, municipio y villa del Barbanzana, asiste tranquila a una moción de censura. El PSOE, el BNG y Marea Cidadá se alían con Luis Alamancos, exconcejal del PP reconvertido en edil no adscrito, para desbancar al alcalde popular Santiago Freire. La sesión discurre con aplausos. Nadie habla de golpe a la democracia. El propio Alamancos le reprocha a Freire que se oponga a la maniobra “cuando él llegó a la alcaldía del mismo modo”. Era verdad. En 2016, el PP utilizó idéntico mecanismo para llegar al poder en Noia. Nadie lloró entonces. Nadie lloró en agosto.
Mayo de 2026. Lugo, ciudad de muralla romana y memoria socialista, vive su propio episodio. El PP presenta una moción de censura respaldada por María Reigosa, exconcejal del PSOE devenida en no adscrita. El mecanismo es el mismo. La legalidad, idéntica. Pero la reacción es otra. Cientos de personas rodean el consistorio. El alcalde saliente llama a la maniobra “injusta, inoportuna e indignante”. El BNG, que en Noia empujó sin rubor la misma palanca, habla ahora de “pacto de embusteiras”. Hay lágrimas en el pleno. Hay gritos en la calle. Hay, sobre todo, una confusión deliberada entre la derrota política y el n de la civilización.
La diferencia entre Noia y Lugo no es jurídica ni moral. Es aritmética. En Noia ganó la izquierda. En Lugo, perdió. Todo lo demás es ruido.
Conviene recordar, porque la memoria selectiva es el vicio capital de la política española, que fue el Tribunal Constitucional quien abrió esta caja de Pandora al declarar inconstitucional la ley antitransfuguismo. No fue el PP quien cambió las reglas del juego. Fueron los jueces quienes restituyeron el derecho de cada concejal electo a votar con su conciencia, con independencia de la sigla que lo llevó al escaño. La izquierda no protestó entonces. Quizás calculó, con exceso de con anza, que ese derecho siempre trabajaría para ella.
Y aquí aparece José Ramón Gómez Besteiro, secretario xeral del PSdeG, con su petición de una nueva ley antitransfuguismo. El mismo Besteiro que en agosto de 2025 no tuvo inconveniente en aprovechar la salida de Alamancos del PP para arrebatarle la alcaldía de Noia a los populares. El mismo partido que, cuando la herramienta le era útil, no invocó ni la ética ni la legalidad. Ahora, con Lugo perdida, reclama que se cierren las puertas que él mismo cruzó hace apenas nueve meses. Hay en esa petición algo que recuerda al trilero que, tras perder en su propio juego, exige que se prohíban las cartas.
Lugo acumulaba veintisiete años de alcaldías socialistas. Veintisiete años es casi una geología política, una sedimentación tan profunda que se confunde con el paisaje natural de la ciudad.
Comprendo el dolor de quien pierde algo que ha tenido tanto tiempo. Lo que no comprendo es la indignación moral de quien utilizó el mismo instrumento hace nueve meses y hoy parece haberlo olvidado. La máscara de la virtud es soportable. Lo insoportable es que quien la lleva crea que nadie ve el rostro que oculta.
Escribió Lampedusa que todo debe cambiar para que todo siga igual. La izquierda gallega parece haber leído El Gatopardo al revés: exige que nada cambie para que ella siga siendo siempre la misma. Pero la democracia, como el mar, no entiende de propietarios. “Lugo no se vende”, gritaban fuera del consistorio. Noia tampoco. Pero en agosto, el silencio fue la única respuesta.
P.D. Para los puristas de la democracia: el PP fue la fuerza más votada en Lugo y en Noia en 2023. Le faltaron unos 600 votos en Lugo para la mayoría absoluta. Y 1100 en Noia. “O povo é quem mais ordena”.



