“El Senado investigará a RTVE”. José Castro López

Tengo poca fe en las comisiones de investigación por su nula capacidad sancionadora o
de reformar aquello que pretenden esclarecer y porque casi todas solo sirven para que
los políticos se zurren dialécticamente. Aun así, la decisión del principal partido de la
oposición de impulsar una comisión en el Senado sobre Radio Televisión Española
puede poner sobre la mesa el viejo problema de falta de independencia, la manipulación
informativa, la politización o las contrataciones opacas que los el ente público arrastra
en España desde hace décadas.
Los medios públicos nacen para ofrecer información plural y veraz -la información es
un bien común- al margen de intereses partidistas o comerciales. Su legitimidad se
sustenta en esa independencia que deben acreditar en todos los contextos como
referentes informativos. Ese es el interés general que justifica su financiación pública.
Cuando dejan de cumplirlo, los ciudadanos acaban pagando un servicio que ya no
responde al interés común por alinearse con el del Gobierno.
Eso ocurre cuando la línea informativa y de programas favorece al Ejecutivo, resaltando
sus aciertos, minimizando sus errores y amplificando los fallos de la oposición. En ese
momento los medios dejan de cumplir su función de servicio público y contrapeso del
poder para convertirse en instrumentos al servicio del mismo poder.
Lo más inquietante es que la independencia de los medios públicos se cuestiona una
legislatura tras otra. Cada partido denuncia la colonización cuando está en la oposición
y la reproduce cuando llega al Gobierno. La alternancia no corrige el problema, lo
perpetúa y RTVE se convierte así en un botín institucional que cambia de manos, pero
no de procedimientos. Y la cuestión no es solo quién controla el ente público hoy, sino
cómo evitar que el que venga decida controlarlo mañana.
En algunos países de nuestro entorno la independencia de los medios públicos se
garantiza mediante mecanismos que impiden las decisiones unilaterales del Gobierno de
turno: consejos de administración elegidos por mayoría reforzada, financiación estable,
estatutos de redacción que protejan a los profesionales y órganos de supervisión con
participación de la sociedad. Incluido un defensor del espectador y del oyente
verdaderamente independiente, capaz de dar voz a la ciudadanía frente a las injerencias
políticas y exigir transparencia en la línea editorial y en la gestión económica. Sin estas
premisas, cualquier reforma es cosmética.
Dicho esto, presiento que la comisión del Senado, por sí sola, nada arreglará. Sí puede
servir para recordar las injerencias denunciadas en RTVE en los últimos años y prestará
un buen servicio si toda la comisión concluye y acepta que la independencia de los
medios públicos no es un lujo ni una aspiración, es condición necesaria para una
democracia de calidad.