Pérez Reverte y Jesús Vigorra organizaron unas jornadas bajo el título “1936: la guerra que todos perdimos” en el marco del festival Letras en Sevilla que desde hace años congrega a ponentes de todas las tendencias para debatir temas que preocupan a la sociedad. Este año el escritor David Uclés, el líder de IU Antonio Maíllo y otros ponentes, inicialmente comprometidos con el programa, se negaron a participar. Uclés alegó no querer compartir “cartel” de debate con José María Aznar e Iván Espinosa de los Monteros. Finalmente, las jornadas fueron suspendidas por amenazas de activistas de la extrema izquierda.
Resulta inquietante que, noventa años después de la Guerra Civil, todavía haya quienes consideran inaceptable compartir una mesa de debate con personas con posiciones ideológicas distintas. No se trata de negar el derecho de no acudir a un acto si lo dictan sus convicciones, pero el mensaje que transmiten cuando la discrepancia se gestiona desde la exclusión y no desde el intercambio de argumentos equivale al fanatismo y la intolerancia. En palabras de la escritora Ana Iris Simón, es “el fascismo de los antifascistas”.
En España, el diálogo y el debate fueron posibles en circunstancias mucho más difíciles que las actuales. La Transición se fraguó saliendo de una larga dictadura con heridas abiertas, memorias enfrentadas y desconfianzas profundas. Entonces, figuras políticas procedentes de ideologías antagónicas -como Fraga y Carrillo- supieron sentarse, hablar y pactar porque entendieron que la convivencia democrática exigía voluntad de entendimiento mutuo.
En este sentido las intervenciones parlamentarias en el debate de la Ley de Amnistía de 1977 son documentos de una gran altura política. Aquellos diputados sabían que seguir viviendo en las trincheras del resentimiento equivalía a prolongar la guerra por otros medios. No negaban el pasado, asumían que el futuro común solo podía construirse desde la renuncia a la revancha y el reconocimiento del otro.
Por eso sorprende que ahora, en esta España democrática, resurja la lógica de la exclusión moral. La negativa a compartir un espacio de debate no es solo un gesto individual, es también una renuncia al espíritu mismo del diálogo democrático. Convertir al discrepante en enemigo empobrece el pensamiento y bloquea la posibilidad de reconciliación real.
Ya va siendo hora de pasar página. No para olvidar la Guerra Civil ni para diluir responsabilidades históricas, sino para dejar atrás la polarización permanente y las trincheras simbólicas. El que piensa distinto, incluso sobre la guerra, no es un enemigo sino alguien que aporta un punto de vista diferente, quizá incómodo, pero necesario en una sociedad plural. La convivencia, como ya demostraron los protagonistas de la Transición, empieza siempre por algo tan sencillo como sentarse a hablar.
