Hay gobiernos que pasan a la historia por sus reformas, otros por sus crisis y algunos, los más cínicos, por su habilidad para llamar “normalización” a lo que es claudicación. Pedro Sánchez parece decidido a inscribirse en esta última categoría con una perseverancia digna de mejor causa. La última estación de ese viaje moral es su disposición a asumir la pretensión de Bildu de sacar a ETA del listado europeo de organizaciones terroristas. Un gesto que se pretende técnico, casi burocrático, pero que en realidad es profundamente político y profundamente indecente.
Conviene recordar lo obvio, aunque resulte incómodo para quienes prefieren pasar página sin haber leído el libro. ETA fue una organización terrorista. No una “expresión armada”, no un “conflicto mal resuelto”. Fue terrorismo: 850 asesinatos, miles de heridos, extorsión sistemática, exilio interior y miedo organizado durante décadas.
Bildu, como formación legal, tiene pleno derecho a participar en la vida política. Lo que no tiene es patente de corso para reescribir la historia ni para imponer atajos morales al conjunto del Estado. Y lo verdaderamente grave no es que lo intente, sino que el Gobierno de España acepte ese marco como moneda de cambio. Porque aquí no hablamos de reconciliación (palabra noble, exigente y costosa), sino de una operación de cosmética política: suavizar el pasado para facilitar el presente.
El sanchismo ha elevado esta lógica a doctrina: todo es negociable salvo la permanencia en el poder. La gobernabilidad se presenta como coartada universal, capaz de justificar desde indultos preventivos hasta amnesias selectivas. El problema es que cuando el Estado convierte la memoria democrática en un elemento transaccional, deja de educar en valores comunes y empieza a entrenar a la sociedad en el relativismo moral.
La Unión Europea construyó su política antiterrorista precisamente para evitar estas ambigüedades interesadas. Retirar a ETA del listado europeo no es un acto inocuo ni meramente administrativo, sino un mensaje explícito de que el paso del tiempo y la utilidad parlamentaria pueden lavar la violencia política. Un mensaje que no solo humilla a las víctimas, sino que degrada la pedagogía democrática ante las generaciones futuras.
También la Constitución española ofrece un marco inequívoco. El Estado se fundamenta en la dignidad de la persona, en los derechos inviolables y en el respeto a la ley como expresión de la voluntad popular. No hay encaje constitucional para una política que trivializa el terrorismo en nombre de la estabilidad parlamentaria. La memoria democrática no es una preferencia ideológica, es una obligación institucional del Estado de derecho.
Las víctimas, siempre invocadas en los discursos solemnes y sistemáticamente ausentes en las decisiones prácticas, saben bien lo que significan estos gestos. No piden revancha ni eternizar el conflicto. Reclaman algo mucho más incómodo para el poder: verdad sin matices, justicia sin atajos y dignidad sin descuentos.
Sacar a ETA del listado europeo no cerrará heridas ni mejorará la convivencia. Solo confirmará que, en la España del sanchismo, la memoria democrática se ha convertido en moneda de cambio y el terrorismo en un asunto revisable. La paz no exige silencio, ni concesiones simbólicas, ni blanqueamientos retrospectivos. Exige memoria, justicia y dignidad.
