España no está empobrecida, ni aislada, ni abandonada a su suerte. Muy al contrario, nunca ha recaudado tanto, ni ha dispuesto de tantos fondos europeos, ni ha podido endeudarse con tanta facilidad como en los últimos años. Y, sin embargo, algo esencial se ha roto. El país ha dejado de funcionar.
El Ejecutivo que ha contado con el mayor volumen de recursos económicos de toda la etapa democrática no ha logrado asegurar el funcionamiento regular de los servicios públicos esenciales. La administración pública, en lugar de avanzar hacia una gestión más ágil y eficiente, se percibe como más lenta, más burocratizada y menos transparente. No se trata de fallos puntuales ni de circunstancias excepcionales, sino de una degradación sostenida que se ha ido normalizando con el paso del tiempo.
España ha normalizado que las crisis tengan fecha de caducidad mediática. Un siniestro, una riada, un gran incendio o el fallo de una infraestructura monopolizan la atención durante unos días antes de desaparecer entre la avalancha digital. Sin embargo, tras cada uno de estos episodios se repite el mismo patrón: la gestión ha sido desplazada por la política. Los responsables públicos priorizan la exposición, la opinión y la promesa, mientras la administración real se deteriora sin remedio.
El problema no es la falta de dinero. Tampoco la ausencia de diagnósticos. El problema es que el Gobierno ha renunciado a gobernar en el sentido clásico del término: planificar, ejecutar, evaluar y corregir. En su lugar, se ha instalado en la propaganda permanente, en la creación de relatos y en la producción constante de polémicas que desvían la atención y polarizan a la sociedad, porque se considera que eso resulta políticamente rentable.
Aquello que se presentó como una renovación de la política, basada en la eficacia y la buena gestión, ha derivado en una dinámica dominada por la comunicación superficial. Abundan los mensajes en redes, las comparecencias vacías y la política convertida en espectáculo. Algunos responsables públicos, entre los que Óscar Puente emerge como el exponente más visible de una tendencia más amplia, han terminado por identificar visibilidad con autoridad y gobernar con ocupar el foco mediático, tomando decisiones pensadas más para el rendimiento digital inmediato que para obtener resultados tangibles.
Esta deriva tiene una consecuencia especialmente grave: la colonización política de los ámbitos técnicos. La toma de decisiones se subordina a lealtades partidistas y no a criterios profesionales. Es un craso error, porque, como ya advirtió Max Weber, el Estado moderno solo funciona si distingue entre la responsabilidad política y la competencia técnica. Cuando esa frontera se borra, la administración se degrada.
La recuperación de la gestión pública exigirá una transformación profunda de la cultura política, capitaneada por dirigentes que escuchen a los expertos, que conozcan los asuntos que dirigen y que asuman la responsabilidad de cada decisión. Lo público no puede ser un escenario de propaganda, sino un compromiso con la eficacia y el bien común.
Los ciudadanos no necesitan portavoces ingeniosos ni políticos virales. Necesitan gestores competentes. Porque cuando el Estado deja de funcionar, no falla una ideología: falla la vida cotidiana de millones de personas. Y eso no se arregla con un tuit.
