La pobreza en nuestro país constituye un problema
profundo y multidimensional, al que se le une la
desigualdad, y que suele terminar en la exclusión.
Los datos de la tasa AROPE, que mide el riesgo de
pobreza y exclusión social, en Galicia se sitúan en el
18,8%, siete puntos por debajo de la del conjunto del
Estado que es de un 25,8%. Los últimos informes
señalan que las tasas de pobreza se han mantenido
altas y constantes, poniendo de relieve las
deficiencias y vulnerabilidades del actual modelo
social que se agrava en los momentos de mayores
crisis.
En todo este proceso la precariedad laboral y los
trabajadores pobres marcan una línea de inflexión en
estas situaciones de pobreza, en la que destacan
especialmente las que afectan a los jóvenes.
Se trata de un tedioso proceso que suele terminar en
la exclusión de todo tipo y con numerosas variantes
en la que desempeña un papel negativo, y muy
acuciante, todo lo relativo a la vivienda y el
empleo.Sobre este particular debemos de centrarnos
en los datos más recientes elaborados por las
empresas del tercer sector que trabajan con estos
colectivos. En Galicia el 12,7 % de la población –
343.000 personas- están en situación de exclusión
que puede ser moderada, representando el 6,5 % del
total, o severa el 6,2 % de la población.
En el momento actual muchas familias se vuelven
aún más necesitadas debido a las grandes
variaciones que provoca el aumento de los costes de
vida. No podemos olvidar que las retribuciones, los
salarios, no llegan para cubrir en gran parte las
necesidades mínimas, y obligan a muchas de ellas a
privaciones que atentan contra la dignidad de las
personas. Una reciente encuesta señala que muchas
unidades familiares tienen que elegir entre la comida
para cumplir con las medidas alimentarias mínimas,
o las medicinas para recuperar la salud.
En cuanto a los principales motores de la exclusión
social el estudio señala la vivienda y el empleo. En
concreto, sobre la primera apunta que el 45 % de la
población que vive en régimen de alquiler se
encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social.
La vivienda está expulsando a uno de cada cuatro
hogares de una vida digna y triturando el difícil
equilibrio de las clases medias. Los datos son claros
y demoledores: Uno de cada cuatro hogares en
España sufren riesgos de exclusión residencial.
Por su parte el empleo ha perdido gran parte de su
capacidad protectora e integradora. La precariedad
laboral afecta a casi la mitad (47,5%) de la
población activa. Se trata de millones de personas
atrapadas en diversas modalidades de inseguridad
laboral.
España atraviesa un proceso inédito de
fragmentación social. La clase media se erosiona y
lleva a muchas familias hacia estratos inferiores. La
integración social se ha reducido y la exclusión más
grave también ha tenido un descenso. De todos
modos siguen siendo millones de personas las que
viven la exclusión social severa.
No nos olvidemos que los afectados demandan
soluciones. Es necesario un compromiso político y
legislativo para buscar esas soluciones y de este
modo intentar paliar la pobreza que tiene muchas
caras distintas. Las administraciones estatal,
autonómica y local juegan un papel decisivo en la
reducción de pobreza con sus políticas sociales y
medidas de protección. En sus manos está irle
poniendo soluciones de verdad a un problema que
afecta a millones de personas.
Javier García Sánchez
