“Alternativa habitacional”. José Manuel Pena

Amnistía Internacional señala que “las autoridades públicas españolas
no proporcionan las alternativas de alojamiento necesaria, ni se están
destinando los recursos necesarios a la protección de los desahucios o
desalojos en la viviendas en alquiler”. En uno de sus últimos informes
sobre “el derecho a la vivienda y el impacto de los desahucios de viviendas
en alquiler …”, Amnistía Internacional “critica que el gobierno español
haya adoptado medidas jurídicas y políticas para legalizar el sector de la
vivienda en alquiler y acelerar el proceso judicial, y con ello ha puesto en
peligro los derechos de las personas arrendatarias”.
La realidad actual es que la crisis de la vivienda continúa. Así en el
pasado año hubo 34.193 desahucios de viviendas en alquiler en España,
además de 26.397 desalojos hipotecarios organismos. Con ello, cada vez,
hay más desalojos de personas residentes en viviendas en alquiler y lo peor
de todo es que, en la mayoría de los casos, se quedan en la calle sin
alternativa habitacional por una evidente falta de coordinación entre los
Juzgados y las diferentes administraciones municipales y autonómicas.
Protocolos y convenios que no se cumplen, en la mayoría de los casos. Es
lo que ocurre con el Convenio suscrito en el año 2.013, entre el CGPJ, la
FEGAMP y la Xunta de Galicia, que establece que “con la cédula de
citación a juicio se acompañará un folleto informativo de los servicios y
programas de asistencia social” para el caso de familias que se encuentran
en situación de vulnerabilidad o exclusión social. Lo que ha sucedido en el
Concello de Badalona pone de manifiesto la impunidad con la que
continúan actuando algunos gobernantes, principalmente de la derecha
política.
Mientras todo esto sigue sucediendo, los organismos internacionales de
Derechos Humanos han pedido a las autoridades españolas que pongan
remedios y recursos jurídicos a disposición de las personas afectas por los
desahucios, dejando claro que “de conformidad con el derecho
internacional de los Derechos Humanos, un desalojo sólo debe llevarse a
cabo como último recurso y en todo caso las autoridades deben
garantizarles un alojamiento adecuado” para hacer efectivo el derecho a la
vivienda.
JOSÉ MANUEL PENA