Finaliza 2025 y es inevitable hacer balance. No uno amable ni complaciente, sino un
ejercicio necesario de responsabilidad cívica. Cuando las instituciones se alejan de la
ciudadanía, cuando la política deja de ser servicio público para convertirse en una
herramienta de poder, callar deja de ser una opción.
La política municipal, la más cercana al ciudadano, sigue siendo la gran olvidada. Los
ayuntamientos son la primera administración a la que acude una persona cuando tiene
un problema real, pero continúan asfixiados por la falta de recursos, por competencias
mal definidas y por una financiación claramente insuficiente. Es imprescindible que los
gobiernos locales tengan más autoestima institucional, mayor capacidad de decisión y
los medios económicos necesarios para cumplir con lo que se les exige. Reforzar el
municipalismo no es una cuestión ideológica, es fortalecer la democracia desde la base.
A nivel nacional, la situación es mucho más preocupante. España atraviesa una crisis
institucional profunda que no puede ignorarse. Los casos de corrupción que afectan a
responsables políticos de primer nivel, las investigaciones judiciales abiertas sobre el
entorno familiar del presidente del Gobierno y los informes de la Unidad Central
Operativa que describen posibles estructuras organizadas alrededor del poder han
deteriorado gravemente la credibilidad de las instituciones. Todo ello ocurre sin que se
asuman responsabilidades políticas claras, lo que provoca una sensación de impunidad
difícil de justificar ante la ciudadanía.
Resulta incomprensible para muchos ciudadanos que un exministro pueda ingresar en
prisión y mantener su acta como diputado, o que un presidente del Gobierno, rodeado
de investigaciones judiciales que afectan a su entorno más próximo, continúe en el
cargo sin plantearse la dimisión. La presunción de inocencia es un pilar del Estado de
derecho y debe respetarse siempre, pero la responsabilidad política es una exigencia
democrática distinta. En las democracias maduras, cuando la institución se ve
comprometida, la dignidad del cargo exige dar un paso a un lado para protegerla.
Esta situación evidencia la necesidad urgente de establecer reglas claras que eviten
abusos y perpetuaciones en el poder. Limitar el tiempo de permanencia en los cargos
públicos, establecer incompatibilidades automáticas ante causas judiciales graves y
reforzar los mecanismos de control y fiscalización no es una amenaza para la
democracia, sino una garantía para su buen funcionamiento. A la política se viene a
servir, no a servirse de ella.
Mientras tanto, quienes realmente sostienen este país continúan soportando la mayor
carga: los autónomos y las pequeñas empresas. No es razonable exigirles esfuerzo,
empleo y sacrificio permanente sin ofrecerles un marco fiscal justo y adaptado a su
realidad. Eliminar la obligatoriedad del pago trimestral del IVA para quienes facturen
menos de 80.000 euros anuales, facilitar sistemas de pago flexibles vinculados a los
ingresos reales, reducir de forma efectiva la burocracia y ofrecer incentivos fiscales a la
contratación, a la digitalización y a la innovación no son privilegios, son medidas de
sentido común para fortalecer la economía real.
Un país que no invierte de forma decidida en su juventud está condenado al
estancamiento. La educación, la investigación y la ciencia deben ocupar un lugar central
en las políticas públicas, no como consignas electorales, sino como una verdadera
estrategia de futuro. Preparar a nuestra juventud es una cuestión de Estado, porque de
ello depende la competitividad, la cohesión social y la sostenibilidad del país.
En el plano internacional, Europa no puede seguir siendo un mero espectador de un
mundo cada vez más inestable. Es necesaria una implicación real y firme de las
instituciones europeas para evitar la escalada de conflictos que ya estamos viviendo y
que amenazan con agravarse. La diplomacia, el respeto al derecho internacional y la
cooperación deben volver a ser las herramientas principales de la acción política
exterior.
Como recordó José Saramago, Premio Nobel de Literatura, “la democracia no consiste
solo en votar, sino en participar, vigilar y exigir”. Eso es precisamente lo que
corresponde hacer en este momento. Exigir dignidad institucional, responsabilidad
política y un compromiso real con quienes sostienen este país. Porque cuando quienes
nos gobiernan olvidan para quién gobiernan, es la ciudadanía quien tiene el deber de
recordárselo.
José Luis Calo
