La actitud del hasta ahora fiscal general, García Ortiz, le ha llevado
a una condena que parece responder a todas las evidencias de
culpabilidad acumuladas desde le principio de la causa, por actuar
al margen de la ley sin hacer caso a las advertencias de algunos de
sus subordinados quienes ya veían delito en su maniobra.
Aun así, el Gobierno y parte de sus socios han planteado un
enfrentamiento directo y abierto con la Justicia por la sentencia que
condena al fiscal general del Estado. Quizá sin darse cuenta de que
con esta cerrada defensa confirman que García Ortiz formaba parte
de sus planes políticos.
En una reacción que recuerda la de Felipe González cuando
acompañó a la cárcel a casi toda la cúpula del Ministerio del Interior,
Sánchez y su Ejecutivo muestran abiertamente su disconformidad
con el fallo, lo tratan de injusto y acusan a los jueces del Supremo
de actuar por razones políticas. La consecuencia ha sido que
algunos de sus seguidores organizaron concentraciones de protesta
y casi rebeldía contra el Tribunal Supremo. Portaban carteles en los
que podían leer acusaciones de prevaricación. Fueron reacciones
que casi se pueden calificar de trumpistas, y las protagonizaron
ciudadanos de la autodenominada izquierda, esos que tanto
condenan las actitudes del presidente norteamericano Donald
Trump.
Pero una de las razones que más esgrimen los defensores de
García Ortiz es que la sentencia ha sido dictada por mayoría de 5 a
2 de los siete magistrados del TS, como si esta fuera una anomalía
o una muestra de la poca firmeza de la condena, o de duda sobre la
culpabilidad real del fiscal general, cuando, en realidad la
discrepancia en los tribunales es bastante común, pues no siempre
consiguen la unanimidad de criterios condenatorios o absolutorios.
Si de un tribunal de 7 magistrados 5 están a favor de un dictamen y
2 en contra, estamos ante una mayoría abrumadora. Bastantes
sentencias de los altos tribunales lo son por mayorías y no por
unanimidad. Normalmente no se discuten. Como mucho se
aprovechan los votos particulares para recurrir a instancias
superiores.
Sentencias como la de los ERE de Andalucía se fallaron por
mayoría. La sentencia del Tribunal Constitucional que modificó esa
decisión se aprobó por mayoría. El fallo del TC que daba por buena
la amnistía se aprobó por 6 a 4. Y así en muchos otros casos. Por lo
tanto, la razón más débil para protestar o cuestionar la sentencia
condenatoria a García Ortiz es la de la mayoría de 5 a 2 a favor.
Más grave es la actitud de la vicepresidenta Yolanda Díaz, y más
trumpista, porque hace llamamientos al enfrentamiento directo
contra los jueces que condenaron al fiscal general. Su
irresponsabilidad llega al grado de arengar a sus fieles para que
salgan a la calle a defender la democracia que habría quedado
dañada con la sentencia del Tribunal Supremo. Pero esto tampoco
debe extrañar, porque la vicepresidenta del Gobierno sanchista
también defiende a expresidenta argentina Cristina Fernández de
Kirchner, condenada por corrupción, y la considera toda una
referencia política. Quizás espera emularla algún día.
