Los alumnos del Colegio Larraona Claret de Pamplona acaban de publicar su “contrato
ético” -hace dos años publicaron un “código ético” con poco éxito- que busca el
compromiso de los que gobiernan con los valores de la política. Los cinco puntos de ese
“contrato” que sobresalen por su sencillez y claridad, son estos:
- Tengo prohibido insultar o descalificar a los adversarios políticos debiendo
tratarles siempre con respeto. Suena casi utópico cuando el debate público se ha
convertido en una sucesión de descalificaciones y enfrentamientos. Los parlamentos,
que deberían ser la sede del diálogo y debate son a menudo espacios de crispación. - No puedo mentir, manipular informaciones, crear o difundir bulos. El rechazo a la
mentira y la manipulación pone el dedo en la llaga de nuestra democracia: la
normalización de la mentira y el bulo. Los discursos se moldean con el relato que
distorsiona la realidad y la verdad deja de ser importante. - En la medida de mis posibilidades, tengo el deber de atender a todos los medios de
comunicación, sin excepción ni limitación de ningún tipo. Los jóvenes reclaman algo
tan básico como atender a todos sin vetos ni favoritismos. En la práctica, los
responsables públicos seleccionan dónde hablar, cultivan medios afines y evitan las
preguntas incómodas. Es una forma sutil de debilitar el pluralismo. - Me comprometo a hacer por sentarme, escuchar y dialogar con el adversario
político, buscando acuerdos sobre los graves problemas y desafíos de mi país,
comunidad autónoma o municipio. Suena raro, la política del acuerdo fue sustituida
por la del bloqueo al adversario que se percibe como enemigo. Sin diálogo, la política
deja de ser un servicio y se convierte en una lucha por el poder. - Abandonaré mi cargo ante sentencia firme por corrupción o cautelarmente ante
apertura de investigación judicial o sospechas fundadas y serias de delito. Es una
llamada a la ejemplaridad. No hay regeneración posible si los cargos públicos se aferran
a su puesto pese a las sombras que les rodean. En este punto, la ética no debería ser un
adorno, sino una exigencia democrática.
“Nos preocupa mucho la tensión creciente y sabemos que nos van a tachar de
bienintencionados, ingenuos e idealistas, pero a los que lo hagan queremos decirles
¿tienen una propuesta mejor?”, dice Xabier Fernández de 18 años.
Estos escolares saben que no pueden cambiar el sistema con un manifiesto que ”puede
caer en saco roto”, pero tiene la potencia simbólica de recordar a los políticos – también
a los ciudadanos- cómo comportarse con decencia y que la política debería ser una
forma de servicio al bien común y no un escenario para el insulto, la mentira o la
impunidad.
Su “contrato ético” debería ser grabado en el frontispicio del Congreso, en los
Parlamentos autonómicos y en los Ayuntamientos.
