La vivienda es uno de los más grandes problemas
con los que se enfrenta una familia. Disponer de una
en condiciones dignas y a precios asequibles que no
destroce el equilibrio financiero de los hogares, es
ese gran reto la mayoría de las veces inalcanzable.
Hoy son necesarios cerca de ocho años de renta
bruta anual para comprar una vivienda.
Para aquellas familias con menos ingresos la
vivienda se ha convertido en un gran pozo sin fondo
en los últimos tiempos. Estas familias invierten más
de seis de cada 10 euros en gastos de vivienda,
suministros y alimentación .Tres millones de
hogares quedan además por debajo del umbral de la
pobreza severa una vez pagados estos gastos básicos
De este modo se desequilibra la economía de
millones de familias en nuestro país, tal y como se
refleja en diversos informes de entre los que destaca
el titulado “Ingresos y gastos: una ecuación que
condiciona nuestra calidad de vida”.
Lo más alarmante de los datos que emanan de los
trabajos de las encuestas indícan que más de cuatro
millones de familias viven en pisos compartidos,
cedidos sin contrato en vigor o en situación de
desahucio y total precariedad. El aumento registrado
de los que se encuentran en esta situación supera el
30% lo que en datos cuantificables .Son más de
cinco millones de familias.
Tensión económica que también se ve reflejada en
esos hogares que viven de alquiler. El pago de la
renta supone más del 60% de la economía familiar,
algo que afecta a más de un millón de hogares.
Desde diversos sectores se han presentado una serie
de propuestas para conseguir que las entidades con
responsabilidad desarrollen acciones efectivas de
intervención para garantizar el acceso a una vivienda
digna, adecuada, y en condiciones económicas que
puedan soportar la mayoría de los hogares. Medidas
que tienen que ir de manera principal y efectiva por
aumentar las viviendas sociales y que la mayoría de
las personas puedan acceder a ellas a través de un
alquiler adecuado, a precios accesibles.
Para poder desarrollar estas iniciativas es necesario
disponer y planificar políticas de empleo y abordar
la precariedad laboral desde una perspectiva integral.
En todo este camino se debe planificar que los
ingresos deben ser justos y que reflejen de manera
adecuada su contribución a la sociedad. Y ello debe
tener su punto de actuación en una planificación de
políticas de empleo destinada a esos colectivos con
un acceso más complicado al mercado laboral, para
lo que se tendrá muy en cuenta la situación personal
y familiar de los que demandan este tipo de
iniciativas.
La vivienda, desgraciadamente, sigue atenazando a
muchas familias. En el horizonte no se vislumbran
soluciones por parte de los que tiene competencias
en la materia.
Javier García Sánchez
