El Gobierno pretende regular la publicidad institucional y combatir la
desinformación. A primera vista, suena bien: más transparencia, menos bulos y
un ecosistema mediático más limpio. Sin embargo, como suele ocurrir con
algunos políticos, lo importante no es solo lo que se promete, sino cómo se
aplica. Y ahí empiezan las dudas.
Que los ciudadanos sepamos quién financia un medio, quiénes son sus dueños
y cuánto dinero público recibe es una buena costumbre. Nadie puede oponerse
a la transparencia. En un país donde demasiadas cabeceras dependen de
subvenciones, exigir claridad es algo necesario. Pero convertir esta lógica en
un arma contra quienes incomodan al poder es un riesgo real que no
deberíamos ignorar.
El Gobierno asegura que quiere cortar la publicidad institucional a los
pseudomedios que difunden bulos. Evitar que el dinero de todos, acabe en
portales dedicados a intoxicar el debate público parece legítimo. Ahora bien,
¿quién decide lo qué es un bulo? ¿El propio Ejecutivo? ¿O los tribunales, como
debería ocurrir en democracia? Si no se resuelve esa pregunta con garantías,
la línea entre combatir la mentira y censurar la crítica se vuelve peligrosamente
fina.
Limitar el peso de esa publicidad en las cuentas de los medios tiene sentido,
porque la dependencia económica genera servidumbres incómodas. Pero si el
reparto se basa sólo en criterios de audiencia, se corre el riesgo de castigar a
los medios locales y a los pequeños digitales, que cumplen una función
esencial en la pluralidad informativa. En último caso, el resultado sería un mapa
mediático dominado por grandes grupos de comunicación.
España necesita más transparencia, más rigor y más pluralismo informativo.
Pero también necesita blindar la libertad de expresión y de prensa frente a
tentaciones de control. La historia enseña que los gobiernos rara vez renuncian
de buen grado a regular aquello que les incomoda. Conviene por tanto estar
muy vigilantes, porque ya lo dijo Octavio Paz: “Cuando un régimen se apodera
de la palabra, se apodera de la realidad”.
Si de verdad queremos que la democracia sea algo más que una palabra
solemne, debemos empezar por fortalecer su terreno más fértil: la mente crítica
de la ciudadanía. Una sociedad que piensa por sí misma es mucho más difícil
de manipular. No basta con enseñar a leer y escribir. Necesitamos que cada
persona aprenda a distinguir hechos de rumores, argumentos de falacias, o
pruebas de opiniones. El pensamiento crítico es el escudo más eficaz contra
quienes buscan intoxicar el debate público con mentiras disfrazadas de
verdades.
Como advertía George Orwell, “si la libertad significa algo, es el derecho a
decirles a los demás lo que no quieren oír”. Esa es la piedra de toque de
cualquier democracia: permitir que incluso las voces incómodas, molestas o
minoritarias tengan espacio para expresarse. La democracia se fortalece con
más transparencia y con más pluralismo, pero se debilita cuando el poder
político tiene en sus manos la capacidad de decidir qué voces merecen
financiación y cuáles deben ser silenciadas.
Regular es necesario. Pero regular mal puede ser letal, porque lo que surgirá
no será un periodismo más fuerte, sino un ecosistema más dócil. Y eso, más
que un triunfo de la verdad, sería una victoria del poder sobre la crítica.
