Hace tiempo que políticos y ciudadanía se encaminan por muy contrapuestas y
cada vez más distantes vías de circulación de modo que hallar una mínima
pizca de consenso y entendimiento o de cruce de vías de ambos trenes en un
mismo objetivo solidario o de responsabilidad compartida es pura quimera.
Se vio en La Palma, en la Dana o más recientemente en la ola incendiaria que
asola el Noroeste español.
Así, agentes del orden, servicios especializados, y protección civil, allí hasta
donde una deficiente planificación política de los siempre escasos efectivos lo
permitían, hacían piña con unos vecinos que se negaron a abandonar sus
pueblos para agotar hasta el último suspiro en la defensa de lo propio. Que es
mucho más que el valor material de una vivienda quemada, un establo en
llamas o unos animales condenados a la hambruna por falta de pasto. Ni la
memoria familiar les queda en forma de unas desdibujadas imágenes en viejos
daguerrotipos. Todo se lo llevó el fuego. Y con él, como este cronista señaló
hace ya algún tiempo, el más grave de todos los perjuicios; la pérdida de la
propia identidad cultural y social, a lo que nos ha definido a lo largo de la
historia, lo que ha dado razón de ser a nuestras vidas, a nuestro propio
lenguaje tejido en torno a ese medio que nos era propio, dando nombre a los
ríos y a las fuentes, a los vientos y a los montes, a las lluvias y a los oficios.
Todo eso también se lo llevan las devastadoras llamas.
Entretanto, la política, en su más amplia representación del arco parlamentario,
se dedicó a lo que acostumbra: a escurrir el bulto, a hacer una vez más
dejación de un mínimo razonable de responsabilidad o solidaridad con los
perjudicados, afanados como están en echar las culpas al oponente. Actitud
que alcanza su mayor cota de cinismo en la repetición por parte del presidente
Pedro Sánchez del “si quieren ayuda que la pidan”, ya comentado aquí.
Tan obcecados, que son incapaces de percibir que bastaron los primeros
análisis de las hemerotecas sobre la actuación de unos y otros con el medio
rural para comprobar que las buenas palabras adolecían -y lo siguen haciendo
hoy en día- del más ínfimo de los compromisos. Pura palabrería electoral. Por
parte de todos.
¿Qué se hizo de la Ley de desarrollo rural de 2007 en la que, recuerda el ex
diputado socialista Jesús Cuadrado, se mandata al Gobierno central -es decir,
a la Moncloa- la elaboración de un Programa plurianual que incluya “prevención
contra incendios, con especial protección de los núcleos de población del
medio rural y áreas de montaña”?
¿Arreglará algo la Comisión interministerial propuesta por Sánchez en su
anunciado Pacto de Estado contra la emergencia climática si esa misma
Comisión ya fue creada en 2018 cuando se renombró otra previa nacida con la
misma finalidad en 2011, con los resultados que la ola incendiaria de agosto
deja a las claras?
Si, como dijo el presidente del Gobierno, los incendios son una amenaza
nacional, ¿por qué tiene paralizados y sin invertir 320 millones de euros de los
fondos europeos para “medidas de gestión forestal y de prevención de
incendios” incluidas en el Componente 4 del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, aprobado el 27 de abril de 2021 y que Moncloa
justificó en razón de atender la “renovación y modernización de la flota de
medios aéreos de extinción” y la “mejora de medios e infraestructuras
destinados a la prevención y reducción de daños ocasionados por sucesos
extremos, incluidos los incendios forestales”?. ¿Acaso las aldeas arrasadas por
las llamas no se enmarcan en esos “sucesos extremos”?.
¿Se equivocará el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea cuando en el
Informe Especial Financiación de la UE para luchar contra los incendios
forestales, de abril de este mismo año 2025, elogia el buen hacer de Andalucía,
Galicia y Castilla – La Mancha frente a las críticas que vierte contra el Gobierno
central, que aplica “criterios de admisibilidad obsoletos y burocratizados para
planes de prevención”?
¿Se preocupará la diligente Fiscalía (“¿de quién depende?, ¡pues eso!”) de
exigir cuentas al Gobierno por los incumplimientos reseñados o, en una nueva
muestra del servilismo que la caracteriza, se limitará, como anunció, en pedir
responsabilidades a los ayuntamientos que no elaboraron planes de prevención
a que obliga la Ley de Montes de 2003 y para los que no cuentan ni con los
técnicos ni con la financiación necesarios? ¿Lo hará con el ministro Marlaska,
que tiene a más guardias civiles de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS)
custodiando al presidente en sus vacaciones en Lanzarote -además de los 20
que por turnos vigilan en la misma isla la seguridad del ex presidente Zapatero-
que los que envió a ayudar a combatir los incendios?
En suma, averiada propaganda a la que se suma la irresponsabilidad, por
desconocimiento e insensata osadía, de unos parlamentarios que tanto en
Estrasburgo como en Madrid o las capitales autonómicas diseñan políticas
restrictivas y disuasorias de todo intento emprendedor en el campo,
prohibicionistas hasta para cortar un árbol para calentarse, vender un manojo
de grelos en la carretera o sembrar un barbecho para abaratar la economía
doméstica. Una situación que llegó a su culmen con el propósito de la
vicepresidenta Yolanda Díaz, abortado a última hora, de obligar a los
empresarios del campo a disponer váteres móviles para los temporeros que
faenan en sus fincas. Ese es el nivel de estulticia de quienes llevan décadas
haciendo las leyes para el rural.
Ni siquiera las cuatro legislaturas vividas por Núñez Feijoo en Galicia,
epicentro tradicional de la plaga incendiaria, le valieron para apearse de su
particular y vieja teima desde que era presidente de la Xunta: la concepción de
los incendios como una suerte de terrorismo forestal que tanto los jueces como
los fiscales desmentían una y otra vez en sus instrucciones y sentencias con
los datos aportados por las propias fuerzas del orden en la persecución de los
causantes de los incendios. Para Feijóo, estaba claro: todos pirómanos, es
decir, incendiarios por el puro placer de hacerlo y para los que propone
pulseras de localización en época veraniega. ¿Le pondrán también esos
artilugios localizadores a la pléyade de diputados y funcionarios
indocumentados que condenan al rural a desaparecer con normativas sin el
más mínimo sentido común?. ¿Acabarán por enterarse todos de que no hay
prevención posible que no pase por la puesta en práctica de políticas
favorecedoras del retorno poblacional a esos entornos abandonados?
De modo que contenida la barbarie incendiaria no sin graves y acaso nunca
compensadas políticas reparadoras de daños, el otoño político se presenta -lo
ha hecho ya con la presencia de la titular de Defensa este martes en el
Senado- como una nueva jaula de grillos o patio de Monipodio que aún habrá
de consumir muchas horas de presencia mediática donde opinadores -que
nunca han pisado el medio y con conocimientos medioambientales
circunscritos a los cuatro cubos de colores de su cocina- harán prácticas de
trileros defendiendo desde las televisiones del `aparato´ gubernamental la voz
de su –“puto”- amo frente al total abandono de los afectados y sus justas
reivindicaciones. ¿Habrá alguien dispuesto a aplacar las llamas de ese
esperado incendio parlamentario y consiguiente trampantojo de debate
mediático?
Y tanto ha ido el cántaro de los despropósitos a la fuente de la opinión pública
que cada vez con más fuerza y razón comienzan a surgir las primeras
denuncias de sesudos opinadores apuntando a que donde de verdad están los
incendiarios -pirómanos incluidos- es en las cámaras legislativas desde las que
arbitran, como se señala, políticas en contra de todo intento de planificación o
apuesta por el medio rural. Y no les falta razón. Sin bancos, ni internet, ni
médicos, ni escuelas, ni supermercados o panaderías… y sí, por el contrario,
frente a una elefantiásica burocracia y el más anacrónico intervencionismo
oficial, la huida de los vecinos a las villas y ciudades más próximas e incluso al
extranjero se antoja como el camino menos malo. Aunque haya que empezar
de cero.
Atrás queda solo un monte abandonado, fruto de esa España vaciada, como
permanente tea a la que un pequeño soplo de cambio climático aventa cada
verano hasta hacer imposible todo intento de extinción. Porque la llama
permanece viva, parpadeante, en una naturaleza abandonada de toda
planificación, como, a contrario sensu, demuestra alguna de las pocas
comarcas gallegas donde nunca hay incendios en razón de una adecuada y
rentable gestión económica de esa misma naturaleza y en la que sería bueno
mirarse para aprender.
En la película El violín de Piedra, de Barrachina, el recordado actor asturiano
Álvarez-Novoa, en el papel de Ángel, el último vecino, sentencia que con su
muerte se consumará la de su pueblo, Ojosnegros, y se lamenta, “¡qué lástima
terminar tan vacío como un pueblo abandonado, ya que cuando un pueblo se
muere, nada nace ya!”.
Los incendios de este verano nos mostraron la muerte de varios de esos
pueblos donde las llamas consumieron el último rescoldo de todo intento de
resurrección.
Pero ¿Acaso le importa a alguien que sea así?
Juan Salgado
