El gobierno de Goretti Sanmartín (BNG) en el Ayuntamiento de Santiago de
Compostela está implementando una política de vivienda pública con el objetivo de
crear un parque residencial municipal, lo cual es perfecto, más cuando Galicia está
experimentando una situación precaria en vivienda protegida debido a varios
factores, como la falta de promoción pública, la elevación de precios del alquiler y la
dificultad para acceder a una primera vivienda. Su intención es darle luz a través de la
nueva empresa municipal de vivienda que el gobierno de BNG y CA pondrá en marcha
en línea con el que fue el cometido de la extinta Emuvissa. Sabemos cómo acaba la
gestión de estas empresas municipales «empresa municipal de vivienda de Santiago,
Emuvissa, entra en preconcurso de acreedores», ¿se acuerdan?. ¿Qué nos podemos
esperar de lo que queda de legislatura con antecedentes como estos? «El BNG
contará con más asesores que concejales en Santiago, el sobrecoste público
anual rondará los 200.000 € respecto al último mandato» «políticos y asesores del
Ayuntamiento de Santiago suman casi dos millones de euros al año en sueldos».
Tal vez si se aplicara aquella propuesta del Gobierno central hace años, la cual el por
entonces el portavoz nacional del BNG, Guillerme Vázquez, consideraba que la
propuesta del Gobierno central de promover medidas penales a los políticos que
lleven a cabo una mala gestión de los recursos públicos desprendía un “tufo
antipolítico” y constituía una propuesta que tiene “mucho de demagogia y de
propaganda”. Si se hubiese llevado a cabo “otro gallo cantaría”, las cosas serían
totalmente diferentes para el estamento político. Sigamos hablando de la
problemática que nos afecta. La falta de vivienda ha llevado a que muchos jóvenes y
otros colectivos tengan dificultades para encontrar una vivienda asequible. En
España, el porcentaje de vivienda social o protegida es del 2,5%. Esto significa que
solo el 2,5% del total de viviendas en el país son destinadas a la población con
dificultades para acceder a una vivienda a precio de mercado. En Europa la vivienda
protegida es un pilar fundamental para garantizar el acceso a un hogar digno, aquí
nos encontramos rezagados, estas cifras alarmantes evidencian una crisis
habitacional latente. Con apenas un 2,5% de su stock de vivienda destinado a
protección oficial, nos situamos como uno de los que tienen menor oferta de este
tipo de viviendas en Europa, sólo por delante de Portugal, Rumanía y Bulgaria.
Históricamente, en nuestro país hemos optado por un modelo centrado en la venta
de viviendas protegidas, relegando el alquiler a un segundo plano. Esta estrategia,
combinada con leyes del suelo que facilitan la transición de las viviendas al mercado
libre, ha contribuido a una escasez crónica de viviendas asequibles en alquiler. La
vivienda protegida en alquiler en los demás países varía considerablemente de un
país a otro. Finlandia cuenta con un sólido 13%, seguido de cerca por Suecia con un
19%, y Dinamarca con un impresionante 20,9%. Lo que no está muy bien es lo que
intenta llevar acabo el (BNG), saltarse la normativa en la Unión Europea con respecto
a la propiedad privada, que está protegida por el artículo 17 de la Carta de los
Derechos Fundamentales de la UE, que establece que toda persona tiene derecho al
respeto de sus bienes y que nadie puede ser privado de su propiedad, así se
menciona en el Derecho de los propietarios: Los propietarios tienen derecho a usar,
disfrutar y disponer libremente de sus propiedades. Pero esta medida viniendo de un
partido comunista patriótico no nos es nada sorprendente. Le recomiendo a los
señores representantes políticos que apliquen medidas como se llevan acabo por
ejemplo en Dinamarca «todos pagan, pero el dinero regresa a sus orígenes en formas
muy variadas: ayudas a la maternidad, universidad, empresas públicas, pensiones…
Los daneses han sabido equilibrar todo para que salgan las cuentas y nos llevan
ventaja.»
