“En vivienda, manos a la obra”. José Castro López

Da la impresión que los políticos se enteran ahora de que en España hay problemas de
viviendas -escasez y precios desorbitados-, cuando este problema viene afectando desde
hace tiempo a amplios sectores de la población aunque haya cobrado especial gravedad
en los últimos años.
Una de las causas, la más importante, es la negligencia y dejadez de todas las
administraciones que no impulsaron la construcción de viviendas y ahora, repartiéndose
las culpas, ha de asumir un fracaso que es responsabilidad de todos. En lugar de
centrarse en la construcción de casas y pisos asequibles y en “controlar” el mercado
inmobiliario, favorecieron la especulación y con ella las burbujas inmobiliarias, como la
de la crisis de 2008, cuyas consecuencias devastadoras aún se están pagando ahora.
Es lo que trae consigo tratar la vivienda más como una mercancía que como un bien
social, y su primera consecuencia es un aumento desmesurado de los precios de compra
y alquiler, haciendo inalcanzable poder adquirir una casa propia o acceder a un alquiler
asequible sean metas inalcanzables, sobre todo para los jóvenes y para otros colectivos
vulnerables.
El problema, que antes afectaba principalmente a las clases menos pudientes, impacta
ahora en grupos más amplios, incluyendo a la clase media, y saltó a la calle. La
precarización del trabajo, los salarios estancados y el aumento del costo de vida han
hecho que incluso sectores tradicionalmente acomodados experimenten dificultades
para acceder a una vivienda digna en compra o alquiler.
¿Por donde pasan las soluciones? No tengo duda alguna de que si se reuniera una
representación de políticos de todas las ideologías para hablar de este problema
coincidirían en las causas de la escasez y elevados precios de la vivienda, en las
consecuencias y en las medidas necesarias para hacerle frente.
Partirían de que el gran objetivo es salvar la brecha entre la oferta escasa y la demanda
creciente y en la necesidad de involucrar a todas las administraciones e impulsar la
colaboración público-privada. En paralelo habrá que movilizar suelo, recuperar la
seguridad jurídica, no demonizar a los propietarios, actuar frente a la okupación,
simplificar la burocracia y agilizar licencias para las promociones…
En un rapto de sensatez coincidiría también en que las medidas temporales, como los
200 millones para ayuda de alquiler a los jóvenes, son parches que no resuelven un
problema complejo y urgente que requiere que todos se pongan manos a la obra en un
gran pacto nacional. Solo con actuaciones conjuntas se puede abordar una sana
regulación del mercado inmobiliario, no para intervenir precios, sino para la
construcción de parques de viviendas públicas y privadas asequibles. De no hacerlo, el
problema continuará perpetuando la desigualdad económica y abriendo las puertas a la
inestabilidad social.