El debate sobre el respeto a los símbolos religiosos y su posible colisión con la
libertad de expresión, ha vuelto a los titulares. El detonante, el anuncio de que
el Gobierno de Pedro Sánchez, pretende eliminar el delito de ofensas religiosas
del Art. 525 del Código Penal en el marco del plan de regeneración
democrática aprobado por el Consejo de Ministros. Explican que lo harán
siguiendo la tendencia de la Unión Europea, pero eso no es cierto, ya que de
los 27 países, 21 tutelan este derecho, y sólo 7 lo han despenalizado.
Estamos ante una nueva manifestación de “miopía laicista” que, en nombre de
unos vagos valores, impide la defensa de la identidad religiosa y cultural, y
convertirá en impune las burlas sin más sentido ni propósito que crear discordia
y odio.
Si el Ejecutivo consuma su propósito, estaríamos ante la desprotección jurídica
de las creencias religiosas. Un verdadero contrasentido en una sociedad que
eleva los sentimientos a categoría jurídica y donde resulta que si alguien,
respetuosamente manifiesta su desacuerdo con la moralidad de la
homosexualidad, o de la transexualidad, será objeto de escarnio y podrá ser
acusado de realizar “discursos del odio”; pero si se profana o mofa de símbolos
religiosos no pasa nada. La libertad ha dejado de ser universal para convertirse
en particular. Unos la merecen y otros no.
El derecho a la libertad religiosa se recoge en la Constitución y se garantiza por
parte de la autoridad política, para que legítimamente los ciudadanos puedan
actuar en un espacio protegido donde poder ejercer su derecho a profesar su
fe. Es necesaria la más enérgica protección legal posible, la penal, concedida
caso por caso, para preservar los valores más importantes de la sociedad y
sancionar las conductas más intolerables que ponen en riesgo dichos grandes
bienes.
Las creencias religiosas como las no religiosas o las convicciones morales, no
son un sentimiento, sino parte de la identidad de cada persona. No sólo definen
nuestro modo de actuar, sino también, nuestro modo de ser. La pretendida
neutralidad ideológica de la cultura política de algunos, que pretende eliminar
toda justificación ética y toda inspiración religiosa para proteger la libertad de
todos, puede traducirse en una ideología de neutralidad que margine y excluya
el hecho religioso de la esfera pública. Y un Estado “moralmente neutro” corre
el riesgo de cuestionar, más allá de criterios de orden público justos, la libertad
de las comunidades religiosas de organizarse según sus propios principios.
La religión desempeña un papel central en la dinámica del desarrollo social, ya
que una mayor protección de la libertad religiosa se corresponde con una
disminución de las tensiones sociales y un aumento del bienestar social.
Si a pesar de la protección de la Constitución y del Código Penal resultaba muy
fácil poder usar palabras gruesas y usar convertir la boca en una alcantarilla, o
recoger sobre el papel arengas de insultos e injurias, o acudir a la creatividad
artística para ofender a la Iglesia Católica, sus devociones y dogmas, ¿Qué
sucederá ahora?
Tal vez tenga razón el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia
que ha denunciado en reiteradas ocasiones los ataques a las diferentes
confesiones y, en relación a esta medida, consideró en un comunicado que
“con este Gobierno, los creyentes son ciudadanos de segunda con menos
derechos”.
