Quizás es una necesidad perentoria que las comunidades
autónomas acojan inmigrantes sin papeles para que no estén todos
acumulados en Canarias, lugar de desembarco masivo donde
acaban hacinados, sin cuidados adecuados, sin resolver su
problema real, mientras que los responsables políticos miran para
otro lado.
Por eso, lo más necesario es que existan unos planes de las
Administraciones públicas y unos profesionales que puedan
atenderles adecuadamente para una profesión o un futuro digno. No
es suficiente alojarlos en unas instalaciones más o menos cómodas
o dignas. No es suficiente la compasión o sentimentalismo que se
manifiestan muchas veces para reclamar su desembarco en
nuestros puertos. No es suficiente que se haga un reparto más o
menos equitativo por comunidades autónomas, aunque alguna ya
esté presionando para desentenderse de esta obligación, porque no
se sienten partícipes de la acogida. No es suficiente.
Hace falta una previsión de largo plazo para que estas personas se
puedan integrar en la sociedad y la cultura española. Quizás seria
bueno que uno de esos Ministerios con una misión un tanto etérea
como Memoria democrática o Consumo, que bien pueden ser
simples Direcciones generales, se dedicase específicamente a
planificar qué hacer con el problema de la emigración. Pusiesen
todo su empeño, junto con medios materiales y humanos para
conseguir un trato digno y una integración laboral sin que esto
pueda estimular un efecto llamada, sin que se formen guetos en las
ciudades. Peor aún sería que todos, o gran parte, pudieran acabar
en enclaves o viviendas infrahumanas, teniendo que buscarse la
vida con actividades delictivas o casi delictivas. Entrarían así en un
círculo vicioso del que sería muy difícil salir. Además, crearían un
conflcito social para los habitantes habituales de estas ciudades.
Es un problema suficientemente grave como para que las
autoridades españolas se lo tomen en serio. Y está claro que no
sucede así, porque no hay reacción del Gobierno hasta que las
instituciones de acogida de Canarias quedan saturadas y las
autoridades autonómicas protestan exigiendo soluciones. ¿Cómo
han vivido estas personas hasta ese momento? ¿Cuántos meses
llevan en esas condiciones?
Hubo una época, no creo que suceda ahora, que los migrantes se
distribuían por distintas provincias, pero allí se quedaban en la calle,
una vez que dejaban el medio de transporte. Luego era Cáritas la
institución que se hacía cargo de ellos porque es quien atiende de
verdad a los más despojados con interés humano, quien les busca
futuro profesional y vital. A veces también es la Cruz Roja quien se
ocupa.
Hubo otro momento en que se distribuían por hoteles y hotelitos en
temporada baja. Por ejemplo, uno de estos años últimos se anunció
que en Galicia iban a alojar 400 emigrante africanos: “El Gobierno
alojará en Sanxenxo a 350 de los más de 400 inmigrantes que
trasladará a Galicia por la crisis migratoria en Canarias”, decían en
octubre pasado. Finalmente, sólo pudieron traer 54, que quedaron
residiendo en un hotel durante unos meses. Otros 10 fueron
alojados en una pensión de Sobrado de los Monjes ¿Dónde
quedaron los otros más de 300 que faltaban? Quizás es una
muestra de la falta de previsión o de capacidad para hacer una
distribución eficaz. No es suficiente pensarlo y anunciarlo, hay que
saber hacerlo.
En todo caso, esto no son más que ejemplos para mostrar que el
Gobierno español debe dejar el buenismo de lado y dedicarse a
planificar seriamente el futuro de este problema de la emigración
irregular, abordándolo con hechos reales, no sólo con propaganda.
Pero me temo que la Administración pública no está preparada para
abordar un asunto tan delicado y tan humano como este.
